Tras cuatro años de negociaciones, y en el último momento, se ha evitado el peor de los escenarios posibles, el de un Brexit sin acuerdo.

ASAJA RECIBE CON ALIVIO EL ACUERDO COMERCIAL ENTRE REINO UNIDO Y LA UE

Si no se actúa con rapidez se producirá, no obstante, un caos en las fronteras y una interrupción de la cadena de suministro a partir del 1 de enero de 2021 en que el Reino Unido abandonará el mercado único y la unión aduanera y los acuerdos internacionales de la UE.

El sector agrario y agroalimentario ha recibido con evidente alivio la noticia del Acuerdo de Comercio y Asociación Económica entre el Reino Unido y la UE. Una vez que el Brexit sea efectivo, el Reino Unido se convertirá en un país tercero, en concreto en el principal destino de nuestras exportaciones comunitarias. Por ello, instamos a las autoridades comunitarias a desarrollar una transición efectiva a partir del 1 de enero de 2021, de cara a la aplicación completa de las nuevas normas comerciales, que en materia agroalimentaria representan unas exportaciones de más de 48.000 millones de euros anuales y de más de 4.000 millones de euros para España.

El 28 de diciembre, el Consejo de la UE, a través de los Embajadores permanentes de los 27 Estados miembros, adoptó la propuesta de la Comisión por la que se autoriza la firma del Acuerdo entre Reino Unido y la UE que establece el marco de las futuras relaciones entre ambos lados del canal de la Mancha y la aplicación provisional a partir del 1 de enero de 2021 del acuerdo político alcanzado el pasado 24 de diciembre sobre el futuro marco de relaciones comerciales entre ambas partes.

Este será efectivo cuando el Parlamento Europeo lo ratifique en sesión Plenaria, previsiblemente en enero, y el Consejo adopte la decisión relativa a la celebración del Acuerdo. Por su parte, el Parlamento británico deberá igualmente avalar el acuerdo antes de final de año.

El Acuerdo político supone la exención de aranceles y contingentes para todas las mercancías y bienes, evitando así, el peor de los escenarios posibles del proceso de retirada del Reino Unido, el de un Brexit sin acuerdo. Para las exportaciones agroalimentarias españolas, este capítulo es trascendental, ya que se trata de un flujo anual de más de 4.000 millones de euros que de no haberse alcanzado el acuerdo debería someterse a aranceles de la OMC, que rondarían entre el 10 y el 40% del valor de los productos.

Igualmente, ambas partes se comprometen a garantizar condiciones de competencia equitativas, manteniendo altos niveles de protección en ámbitos como la defensa del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la tarificación del carbono, los derechos sociales y laborales, la transparencia fiscal, y las ayudas estatales, con un mecanismo vinculante de solución de diferencias y la posibilidad de que ambas partes adopten medidas correctoras.

No obstante, ASAJA recuerda que el Reino Unido será un país tercero a partir del 1 de enero de 2021. Ese día, el Reino Unido abandonará el mercado único y la unión aduanera, así como todas las políticas y los acuerdos internacionales de la UE. Se acabará la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales entre el Reino Unido y la Unión Europea.

Por tanto, pedimos a las autoridades comunitarias un último esfuerzo para desarrollar una fase de transición efectiva desde el 1 de enero hacia la eventual aplicación completa de las nuevas normas que regirán los intercambios comerciales entre Reino Unido y la UE.

Si no se actúa con rapidez se producirá un mayor caos en frontera y una interrupción de la cadena de suministro que no solo pondrá en peligro miles de puestos de trabajo, sino que también afectará al suministro seguro de productos agroalimentarios asequibles para los consumidores, como hemos podido comprobar estos últimos días en el Reino Unido. Se deben proporcionar los recursos humanos, técnicos y financieros para aplicar y hacer cumplir las nuevas medidas aduaneras, sanitarias y fitosanitarias.

También es primordial que las administraciones elaboren y difundan orientaciones útiles para las empresas que les permitan una mejor planificación y preparación de cara y garantizar un canal de comunicación formal continuo para que los operadores de la cadena agroalimentaria se comuniquen con la Comisión Europea y las autoridades nacionales para plantear cuestiones y resolverlas a medida que vayan surgiendo en las próximas semanas y meses.

Debemos reiterar la naturaleza "esencial" de la cadena de valor agroalimentaria y mantener "vías verdes" junto con otras medidas aduaneras que se desplegaron con éxito durante el cierre de Covid-19 para acelerar el paso de los productos agroalimentarios a través de las fronteras.

Igualmente, esperamos que la Comisión despliegue rápidamente la Reserva de Ajuste Brexit de la UE de 5.000 millones de euros, y que puedan acceder los agricultores, las cooperativas agrícolas, PYMEs y resto de operadores afectados que puedan verse afectados por el Brexit y la nueva situación. La seguridad del empleo para la mano de obra del sector agroalimentario es particularmente importante en este contexto.

El Reglamento Transitorio de la Política Agraria Común (PAC) ha quedado aprobado tras su publicación el 28 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Este reglamento (UE) 2020/2020 del Parlamento Europeo y del Consejo recoge las medidas transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y garantiza a los agricultores y ganaderos españoles la percepción de unos 7.200 millones de ayudas de la PAC en 2021 y en 2022.

En las próximas semanas, según informa el MAPA en nota de prensa, saldrá el Real Decreto que regulará las ayudas directas en España durante los próximos dos años conforme a las mismas reglas del periodo 2014-2020, hasta la entrada en vigor de la nueva PAC el próximo 1 de enero de 2023 con la aplicación de los planes estratégicos nacionales, lo que permitirá iniciar la campaña de solicitud de ayudas de la PAC 2021 con normalidad, el 1 de febrero de 2021 hasta el 30 de abril.

Mismas reglas

El Reglamento mantiene esencialmente las principales disposiciones de los reglamentos actuales de la PAC, prorroga determinados plazos y medidas que vencían en 2020 en cuanto al viñedo, el aceite de oliva y aceitunas de mesa, y asegura el apoyo de las ayudas FEADER al desarrollo rural hasta el 31 de diciembre de 2022 (su porcentaje máximo de será del 100 %, la ayuda a las inversiones en activos físicos podrá alcanzar el 75 %, la ayuda tope para jóvenes agricultores estará en 100.000 euros y se podrá asignar hasta un 4 % a la asistencia técnica por iniciativa de los países).También regula la duración de los nuevos compromisos de las medidas agroambientales, de agricultura ecológica y bienestar animal a partir de 2021 y la posibilidad de la extensión anual de los ya existentes (entre 1 y 3 años con posibilidad de una duración mayor en función de los objetivos).

Incluye, además, nuevos fondos FEADER del programa “Next Generation” para frenar los efectos del coronavirus, que deberán contribuir a los objetivos del Pacto Verde de la UE, la recuperación económica resiliente y la transición digital. Así, el 37% de estos fondos deberán destinarse a medidas beneficiosas para el clima y medio ambiente y bienestar animal y el 55% a medidas de inversiones, desarrollo de explotaciones, servicios básicos y cooperación que promuevan el desarrollo económico y social en las zonas rurales.

Mantiene, asimismo, la Reserva de Crisis para los años de transición, así como el mecanismo de convergencia interna. Y prorroga buena parte de las medidas que pueden desarrollarse a través de las OP en materia de gestión de mercados.

Aceite de oliva

En cuanto al aceite de oliva este Reglamento incorpora un nuevo artículo de la OCM, que ya existía para el sector del vino, el 167 bis, que permitirá a los estados miembros productores fijar normas de venta para regular la oferta de este sector con el objetivo de mejorar y equilibrar el funcionamiento mercado.

ASAJA GRANADA considera, por tanto, que el MAPA ya dispone del marco legal para publicar el Real Decreto que establezca las posibles medidas para mejorar y equilibrar el funcionamiento del mercado del aceite de oliva en España e intentar revertir la situación de bajos precios que sufre el sector en los últimos años, y urge a su puesta en marcha inmediata.

Nuestra organización agraria puntualiza, por otro lado, que el MAPA prepara un borrador de Real Decreto que prevé una convergencia diferente para los años 2021 y 2022 a la que se está aplicando en la actualidad que cambiará el valor unitario de los derechos de pago básico para acercarlos al valor medio de cada región (algunos aumentarán su importe y otros perderán). Los nuevos importes que recibirá cada agricultor y ganadero en la PAC de 2021 serán publicados a finales de enero en la página web del FEGA o en la correspondiente consejería de cada comunidad autónoma.

Consultar Reglamento (UE) 2020 de Transición de la PAC AQUÍ (EXTERNO)

Nota de prensa MAPA AQUÍ (EXTERNO)

Consulta Pública de Derechos de Pago Básico del FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA O.A. (FEGA) AQUÍ (EXTERNO)

Según informa el Ministerio de Agricultura en nota de prensa, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 2021, que cuenta en los Presupuestos Generales del Estado con 256,47 millones de euros, de los que 251,27 tienen como destino la subvención de las primas de seguro contratadas por agricultores y ganaderos, lo que supone un incremento de 40 millones (19 %) con respecto a la cantidad presupuestada en los cinco planes anteriores.

Este importante incremento permitirá introducir importantes medidas de mejora en el sistema, algunas de las cuales han venido siendo muy demandadas los representantes del sector. Entre ellas se destaca la subvención de los recargos del seguro aplicados por una elevada siniestralidad individual prestando un mayor apoyo a aquellos productores cuyas explotaciones se ubican en zonas de mayor riesgo. Por su parte, los agricultores jóvenes verán prácticamente duplicada su subvención, ya que esta, que se movía entre el 9 y el 11 por ciento, se incrementa en 10 puntos.

Otra de las novedades introducidas es el incremento de la subvención correspondiente a los seguros complementarios, que son contratados por los asegurados después de haber suscrito un seguro principal cuando ya disponen de información más fiable sobre las expectativas de su cosecha.

Además, el plan incluye dos nuevas subvenciones adicionales en el seguro de compensación por pérdida de pastos (para explotaciones de producción ecológica que pertenezcan a una agrupación de defensa sanitaria ganadera), así como una subvención en las líneas acuícolas por el fraccionamiento del pago de las pólizas. También se incrementa la subvención base al seguro agrario en Canarias.

Por otra parte, el nuevo plan prevé, según la nota del Ministerio, la revisión y el perfeccionamiento de las líneas de seguros ya existentes y realizar una serie de estudios, a lo largo de 2021, orientados a favorecer su desarrollo en los años siguientes.

En un momento de graves dificultades económicas para muchos agricultores y ganaderos

ASAJA CONSIDERA MUY DESAFORTUNADO EL ANUNCIO DE AGRICULTURA SOBRE LA SUBIDA DE UN 4,3% DE LA RENTA AGRARIA EN 2020

Pedro Barato: “Una cosa son las grandes cifras macroeconómicas del Ministerio de Agricultura y otra la realidad del campo, que por desgracia es bien distinta”

No nos hagamos trampas en el solitario; la realidad del sector agrario español no es la que refleja el indicador de renta agraria presentado esta semana por el ministerio de Agricultura. Los productores agrarios que han logrado sobrevivir a este aciago 2020 atraviesan serias dificultades para mantener a flote sus explotaciones porque la rentabilidad de buena parte de las producciones está bajo mínimos. Otros se han quedado por el camino, alrededor de 35.000 trabajadores por cuenta ajena y más de 2.500 trabajadores por cuenta propia han abandonado el sector. Hablar, por parte del ministerio, de crecimiento de la renta agraria, obviando todo lo demás, es cuando menos osado y tremendamente desafortunado.

Solo el impacto de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional en los dos últimos años, que ha incrementado en un 27,9% los costes salariales, ha supuesto que más de 33.000 trabajadores del campo pasen a engrosar las listas de desempleados ante la imposibilidad de los agricultores de asumir mayores cargas económicas. Pero este aumento de los costes no es el único, además debemos añadir aquellos otros derivados de la aplicación de las medidas de protección anti-COVID, sobre todo en lo que concierne a las campañas de recolección de fruta, vendimia y olivar. Estos incrementos de costes de producción, unidos a unos bajos precios en origen, han dado como resultado el cierre de un número importante de explotaciones y las que han quedado lo hacen en muy difíciles condiciones.

El cierre del canal HORECA ha supuesto un auténtico mazazo para sectores productivos como la ganadería, en especial el ovino, caprino y cerdo ibérico inmersos en una situación tan crítica, al quedarse sin mercado para sus producciones, que el propio ministerio tuvo que poner en marcha unas ayudas adicionales para socorrer a los ganaderos. El vacuno, tanto de carne como de leche, no corre mejor suerte. El hundimiento de precios y las dificultades de comercialización son un problema común. En vacuno de leche el problema es endémico, el número de ganaderos cae de forma recurrente, en 10 años se ha pasado de 24.000 ganaderos a tan solo 14.000, pese a ser España un país deficitario en leche.

Otras producciones seriamente damnificadas por el cierre de la restauración han sido el vino y el aceite de oliva. En el caso del primero la situación es preocupante: a las pérdidas económicas derivadas de la ralentización de las exportaciones y del cierre del canal HORECA se suman unos precios que en la última vendimia que se sitúan, en todas las zonas productoras, por debajo de los costes de producción. En aceite de oliva, el propio MAPAMA reconoce que ha sido un mal año. A la mala cosecha 2019/20 le acompañan, contrariamente a lo esperado, niveles de precios en origen por debajo de los 2euros/kg (incluso para los aceites de más calidad). Además, los productores han tenido que soportar las consecuencias de unas penalizaciones injustas en las exportaciones a Estados Unidos. Todo ello, ha situado a buena parte de las explotaciones de olivar en pérdidas y haciendo peligrar su continuidad.

En futas y hortalizas, y con la excepción de los cítricos, los precios en origen se han mantenido o incluso han bajado respecto a otras campañas (especialmente reseñable es la crisis de precios en ciruelas y en frutos secos como la almendra). En las hortalizas, los precios se han mantenido (caso de Murcia) o han cotizado al alza (Almería) pero los costes para el productor se han incrementado de forma significativa por la aplicación de la medidas de seguridad ante la pandemia. El resultado es que la renta agraria para los productores de hortícolas bajo plástico ha descendido respecto a la pasada campaña.

Por último, mención obligada si hablamos de bajos precios es la referida al sector de los cereales. Los agricultores cerealistas han visto recortados sus precios medios de venta en un 15,74 % este año, según datos oficiales del propio ministerio de Agricultura. Esta caída de precios se agudiza aún más si la comparativa es a 10 años. Respecto a los precios de 2011 el recorte es del 18,5%. La baja o nula rentabilidad de los cereales ha hecho que este sector pierda año tras año superficie de cultivo (se pasa de 7.7 millones de hectáreas en 1989 a 6 millones en 2020), mientras que, en cereales, al igual que en leche, seguimos producimos por debajo de nuestras necesidades de consumo, por lo que este año vamos a importar 14,7 millones de toneladas de grano, tras haber producido 23 millones en nuestro país.

En suma, los principales sectores productivos de la agricultura española arrojan datos negativos de rentabilidad en 2020. Resulta paradójico que el ministerio anuncie una subida de la renta agraria de más del 4% con la situación que vive el sector. Esta subida choca, además, con las cifras de países de nuestro entorno europeo en los que también se han producido caídas de renta agraria del 13,3% en Alemania; el 6,6% en Francia o el 5,9% en Italia.

ASAJA GRANADA recomienda en estas navidades incluir en la cesta de la compra productos locales como mejor forma de apoyar a los agricultores y ganaderos de nuestra provincia que sufren la crisis sanitaria, fundamentalmente por el cierre del canal HORECA, además de otras problemáticas como los elevados costes de producción y bajos precios en origen y la desventaja con respecto a importaciones de terceros países que no cumplen las mismas exigencias en cuanto a trazabilidad, responsabilidad ambiental y bienestar animal.

Nuestra organización agraria defiende que el sector agrario es un sector estratégico, no solo porque procura la alimentación básica, sino porque es fundamental para mantener la población en los núcleos rurales generando empleo y riqueza. Así, consumiendo nuestros productos se activa la economía en nuestros pueblos y, al mismo tiempo, se garantiza la mejor calidad y la fiabilidad de su procedencia. Comprobar sus etiquetados es, por lo demás, un ejercicio de responsabilidad en este sentido.

Nuestra provincia tiene una situación climática y orográfica privilegiada y en nuestra tierra se obtienen, así, gran variedad de productos desde cereal, aceite, almendras, frutas y hortalizas, miel, subtropicales, embutidos, jamones, quesos, etc., sin olvidar las carnes de cordero, vacuno o vino, que más están sufriendo las restricciones de la pandemia, la gran mayoría con denominaciones de origen o protección de indicación geográfica. No deben faltar en nuestros hogares, no solo en estas fechas en que pueden ser, además, un excelente regalo, sino durante el resto del año.

El conjunto de la ciudadanía ya demostró su solidaridad con el sector agrícola y ganadero por su servicio durante esta crisis y ahora le pedimos nuevo auxilio apostando por los productos de proximidad, y a las Administraciones competentes que ya toca de una vez garantizar el funcionamiento de la cadena alimentaria para eliminar las prácticas desleales que abren una brecha insostenible para la actividad agraria entre los precios en origen y destino, así como controlar los acuerdos comerciales con terceros países y exigirles los mismos estándares que cumplen las producciones europeas.

El VI Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores, organizado por el Grupo Popular en el Parlamento Europeo (Grupo PPE) junto con la Confederación de Agricultores Portugueses y ASAJA se celebró ayer 10 de diciembre con un enfoque especial en el papel que pueden desempeñar los jóvenes agricultores en la nueva PAC y en la estrategia "De la Granja a la Mesa" en un mundo post-COVID-19.

Los eurodiputados del PPE Nuno Memo, Herbert Dorfmann, Asim Ademov y Juan Ignacio Zoido declararon que "Dado que ya un tercio de los diez millones de agricultores europeos tiene más de 65 años, la nueva política agrícola europea debe ofrecer incentivos y seguridad económica para atraer a los jóvenes agricultores."

Pedro Barato, presidente de Asaja Nacional, participó en el evento, poniendo en valor la labor fundamental de los agricultores y ganaderos españoles durante la pandemia del COVID-19. Insistió en la necesidad de dar seguridad a los jóvenes, para que puedan incorporarse al sector, sin encontrar tanta dificultad por la burocracia. Barato también quiso recalcar, sobre la Ley de la Cadena, la necesidad de que contemple 3 conceptos: estabilidad, permanencia y futuro. El presidente de Asaja se mostró orgulloso del agro español, destacándolo como un “ejemplo de sector.”

La candidatura de Carolina Fernández, de Casa Gutier, ha sido la representante de los jóvenes agricultores y ganaderos españoles con un proyecto que apuesta por una ganadería sostenible, que recibe una alimentación basada en materias primas nobles, obteniendo una carne naturalmente rica en Omega 3.

Los ganadores de esta edición han sido:

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha aprobado la ampliación en un mes del plazo inicial para la solicitud de ayudas dirigidas a apoyar inversiones para la modernización de explotaciones agrarias, de manera que finalmente la fecha final será el 4 de febrero. De esta forma, la Junta de Andalucía atiende las peticiones realizadas por las organizaciones agrarias y la federación de cooperativas de Andalucía al constatarse un gran interés por las mismas, lo que puede suponer una alta demanda, y también para facilitar a los interesados la presentación de la solicitud, ante la coincidencia de varios días festivos dentro del plazo que se había planteado inicialmente.

El montante total de esta convocatoria asciende a 60 millones de euros de los que 40 millones están destinados al sector agrícola y ganadero de Andalucía, en general, y 20 están reservados para el olivar andaluz. Las subvenciones se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 y cuentan con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), así como con aportaciones económicas relativas a las inversiones territoriales integradas (ITI) de Cádiz y Jaén.

Las ayudas tienen por objeto mejorar el rendimiento y la sostenibilidad global de las explotaciones agrarias de Andalucía a través del apoyo a iniciativas que contemplan inversiones en activos físicos, materiales o inmateriales dirigidas a modernizar y potenciar el rendimiento económico o a avanzar en eficiencia energética. Con este fin, las subvenciones apoyan proyectos encaminados a incorporar nuevas tecnologías y a poner en marcha procesos de economía circular, tanto en el ámbito agrícola como en el ganadero.

Las subvenciones atienden a cuestiones tales como la adquisición de maquinaria y equipos, la instalación de nuevos invernaderos, la incorporación de equipos informáticos o la digitalización de la gestión empresarial. También pueden recibir apoyo a través de esta línea de ayudas las iniciativas que conllevan la construcción de bienes inmuebles o la puesta en marcha de nuevas plantaciones de cultivos permanentes y las inversiones dirigidas a gestionar residuos o subproductos, así como las que persiguen la modernización de instalaciones y equipos de regadío.

Los beneficiarios de estos incentivos son los titulares de explotaciones agrarias ubicadas en Andalucía, agricultores y ganaderos, ya sean personas físicas o jurídicas (incluidos los jóvenes) o si se trata de agrupaciones de productores, comunidades de bienes u otro tipo de entidad. Las solicitudes deben incluir toda la documentación, lo que permite posteriormente agilizar los trámites de resolución de las mismas. Los solicitantes deben presentar un plan empresarial que recoja la justificación de la mejora del rendimiento global y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias para las que se piden las ayudas.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta ha ampliado de 24 a 35 las zonas designadas como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en Andalucía, mediante la Orden 23 de noviembre de 2020 (BOJA n.º 232 de 1 de diciembre).

Pueden consultar el BOJA AQUÍ (EXTERNO) (mapa zonas vulnerables página 22)

Las nuevas evidencias de contaminación por nitratos de origen agrario en aguas superficiales y subterráneas en zonas no consideradas previamente como vulnerables han motivado la aprobación de esta nueva orden que modifica la designación inicial recogida en el Decreto 36/2008 (revisable cada cuatro años según la directiva europea de nitratos). La actualización supone, según la Junta, un incremento en la superficie declarada de 636.400 hectáreas, pasando de 1.600.000 hectáreas a 2.236.400 hectáreas. En términos relativos el aumento afecta al 7,2% del territorio andaluz.

En la provincia de Granada las Zonas Vulnerables han pasado de tres a seis, las tres primeras establecidas en el mapa de 2008 y otras tres ahora añadidas:

Los recintos SIGPAC que conforman las zonas vulnerables designadas, y a los que será de aplicación el Programa de Actuación, estarán disponibles y serán publicados anualmente en la página web de la citada Consejería de Agricultura andaluza.

Pueden visitar la página AQUÍ (EXTERNO)

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía aplica unos Indicadores Técnico Económicos (ITE) que no se ajustan a la realidad de las explotaciones en nuestra provincia, no habiendo manera de poder encajar casi ningún expediente a los márgenes brutos y netos y salarios para efectuar los cálculos de un plan empresarial viable a las inversiones propuestas por los agricultores y ganaderos.

Desde ASAJA GRANADA exigiremos a la Administración Autonómica que actualice estos indicadores, de manera que se pueda evaluar el verdadero grado de sostenibilidad de cada explotación y efectuar la inversión necesaria.

Las Ayudas para Inversiones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas (conocidas como Ayudas a Modernización de Explotaciones) convocadas por la Junta de Andalucía mediante la Orden de 23 de octubre de 2020, financiadas con fondos europeos en un 75%, están resultando un fiasco para los agricultores y ganaderos de nuestra provincia que las esperaban con gran expectación tras cuatro años sin salir.

Los técnicos de nuestra organización agraria llevan desde el día 5 de noviembre en que se abrió el plazo para su solicitud recibiendo a numerosos interesados que finalmente tienen que desistir porque, según los Indicadores Técnico Económicos (ITE) que propone la Junta de Andalucía para la viabilidad de las explotaciones en la provincia de Granada, es decir, márgenes brutos y netos, salarios pagados, no cumplen los mínimos exigidos para la elaboración de un plan empresarial. De esta forma, van a quedarse excluidas de estas ayudas producciones tradicionales como el olivar, el almendro y cereal, así como las granjas avícolas, fundamentalmente.

Desde ASAJA GRANADA hemos trasladado este problema detectado a la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía exigiendo que se corrijan los ITE de los cultivos para que se ajusten a la realidad de nuestras explotaciones, o bien se dé otro tipo de solución permitiendo trabajar con márgenes netos y salarios de cada explotación en particular. Nuestra provincia no puede verse marginada de estas ayudas a la inversión destinadas a acometer mejoras en las explotaciones para hacerlas más rentables, así como a la creación de nuevas empresas, y quedar relegada con respecto al resto de Andalucía en la generación de más riqueza y empleo en el medio rural.

Hoy es el Día Mundial del Olivo, declarado así por la UNESCO en su 40ª reunión del pasado 2019, como símbolo inequívoco y universal de paz, sabiduría y armonía, y como motor del desarrollo económico y social de numerosas regiones del planeta.

Se celebra, por tanto, por primera vez este año 2020, siendo elegida esta fecha, 26 de noviembre, porque ese mismo día del año 1992 fue inaugurado en Madrid el Consejo Oleícola Internacional (COI) con la finalidad de contribuir al desarrollo responsable y sostenible del árbol de olivo, así como las políticas a adoptar ante los retos que afronta este sector.

La celebración de este día tiene por objeto la protección de este árbol milenario y la preservación de su valor perenne, y nos ofrece la oportunidad de reivindicar los graves problemas que actualmente sufre el olivar por la falta de rentabilidad y precios ruinosos de las explotaciones, especialmente el cultivo tradicional.

ASAJA-Andalucía aplaude el incremento de la inversión pública y advierte de que mantendrá una actitud vigilante para que la inversión llegue al campo

El incremento presupuestario para las políticas agrarias y medioambientales será de 132,2 millones de euros, es decir un 7,6% más que el ejercicio anterior

El Gobierno de Andalucía hace frente a las consecuencias de la pandemia con el mayor presupuesto de la Junta en sus más de 40 años de historia, y la agricultura y la ganadería andaluza tienen un peso relevante en este presupuesto, así lo ha reconocido el director general de ASAJA-Andalucía, Félix García de Leyaristy, en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Parlamento de Andalucía.

Estamos por tanto ante unos presupuestos condicionados por la grave crisis económica y social provocada por la pandemia. Son unos presupuestos que responden a esta crisis desde dos frentes: desde el fiscal, la Junta de Andalucía mantiene la senda iniciada en el 2019 con una bajada del tramo autonómico del IRPF; y por otro lado desde el presupuestario, el Gobierno autonómico se centra en fomentar la inversión productiva.

Respecto a esta última, la inversión pública, las operaciones de capital crecen en 254 millones, llegando hasta 3.991 millones de euros, lo que supone un esfuerzo inversor del 11,2% del gasto no financiero total previsto para 2021 y un 2,4% del PIB de Andalucía, la cifra más alta presupuestada en los últimos ocho años. Desde ASAJA esperamos que se ejecute en su totalidad, evitando modificaciones presupuestarias que acaben financiando más gasto corriente a costa de la inversión.

La inversión debe llegar al campo

En concreto, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible contará con un presupuesto de 1.873 millones de euros, de los que 66,8 millones corresponden a Pesca. El incremento real para las políticas agrarias y medioambientales será de 132,2 millones de euros, es decir un 7,6% más que el ejercicio anterior.

La Consejería de Agricultura incrementa así en cuatro puntos su peso específico en el presupuesto, cumpliendo así con una reivindicación histórica de ASAJA, es decir, Agricultura sube el 7,6% mientras que el presupuesto de la Junta se incrementa el 3,7%. El área de agricultura y medio ambiente será además la que realice un mayor esfuerzo inversor, con el 32,4% del montante total inversor del presupuesto de la Junta de Andalucía para 2021. Desde ASAJA-Andalucía debemos reconocer y valorar que el Gobierno de Andalucía continúe apostando por el sector agrario como elemento fundamental para el desarrollo económico y social de la región.

Las partidas más importantes del presupuesto de la Consejería de Agricultura que se dedican a inversiones (1.250 millones euros) ―tanto directas como subvenciones para aumento de capital: dos de cada tres euros, es decir el 66,7%―, van destinadas a: ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores (29,3 millones de euros); a la modernización de explotaciones agrarias e industrias agroalimentarias (62,3 millones de euros); a mejora de caminos rurales (71 millones de euros); a mejora de regadíos (27 millones de euros); a obras y proyectos de depuración; a mejora de presas y restauración y adecuación ambiental de cauces; plan de aguas regeneradas (313 millones de euros); a incentivación del sector agroindustrial (124 millones de euros) a restauración y mejora de ecosistemas forestales (26 millones de euros) y a seguros agrarios (12 millones de euros).

Tal como expuso el director general de ASAJA-Andalucía en su comparecencia “esta respuesta positiva desde el punto de vista presupuestario debe ir también acompañada de una respuesta contundente desde el punto de vista de la gestión de los fondos para que éstos lleguen cuanto antes a los beneficiarios, ayudando a amortiguar los nocivos efectos de esta crisis sin precedentes, y no se queden sólo sobre el papel.”

La decisión se ha acordado en una reunión conjunta por videoconferencia entre los representantes de Almería y Granada

Andalucía, 23 de noviembre de 2020. Los representantes de ASAJA, COAG, COEXPHAL, Cooperativas Agro-Alimentarias, UPA, y ECOHAL de Almería y Granada han decidido, tras una reunión por videoconferencia mantenida esta mañana, la retirada del 30% de la producción comercializable de pepino para intentar frenar la crisis de precios que está sufriendo este producto desde hace varias semanas.

Asimismo, los representantes de las organizaciones del sector de la producción y comercialización denuncian la falta de protección de las producciones españolas y europeas, respecto a la competencia desleal de producciones de terceros países ante la pasividad de las autoridades europeas en este conflicto de intereses.

La pasada semana, las organizaciones agrarias y comercializadoras de Granada y Almería retiraron 2.340.000 kilos de pepino con la perspectiva de que, si no había mejora, las medidas podrían endurecerse para lograr una estabilización del mercado con sus propios medios, ya que las altas temperaturas -que están incidiendo en una superproducción en toda Europa- no parece que bajen hasta la última semana de noviembre.

Asimismo, los representantes de las organizaciones del sector de la producción y comercialización solicitarán también a las autoridades regionales y nacionales que defiendan nuestras producciones de la competencia desleal de países terceros ante la pasividad de las autoridades europeas en este conflicto de intereses.

Los representantes provinciales de ASAJA, COAG, UPA, COEXPHAL, Cooperativas Agro-Alimentarias y ECOHAL de Granada y Almería han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad urgente de un control de los acuerdos con terceros países como Marruecos y la mayor transparencia posible sobre importaciones, cupos y lo que se está controlando en las fronteras.

Finalmente, el sector insiste en que hay que mejorar los mecanismos de retiradas para que estos lleguen al conjunto del sector, otra de las reivindicaciones que se llevaban hace un año y sobre la que no se avanza, a pesar de que resulta imprescindible, dada la situación.

El 19 de noviembre de 2019, el sector hortofrutícola se echó a las calles para reclamar cuatro puntos vitales para su supervivencia: sensibilizar a las administraciones de la crisis estructural que atraviesan, acabar con la competencia desleal de terceros países, establecer un fondo paralelo y específico para gestión de crisis para todo el sector hortofrutícola y diseñar con carácter de urgencia, mecanismos a través de reglamentación europea, para evitar imposiciones comerciales de las cadenas de distribución/supermercados.

Cuatro reivindicaciones que, a día de hoy y a un año de aquellas masivas protestas, están totalmente incumplidas.

COMUNICADO DE PRENSA

Después de días de seguimiento de la crisis de rentabilidad que afecta al pepino, las Organizaciones Agrarias ASAJA, COAG y UPA, junto a ECOHAL y Cooperativas Agroalimentarias de Granada, han mantenido encuentro para buscar soluciones inmediatas a los precios en origen ruinosos que están poniendo al límite a miles de explotaciones agrícolas en las provincias de Granada y Almería.

Las altas temperaturas han provocado un aumento sustancial de la producción de pepino, que unido al cierre del canal HORECA y otras problemáticas de mercado, han motivado la caída de la demanda y, por tanto, de las cotizaciones en el momento más álgido de la campaña. “El agricultor está percibiendo 15 céntimos/kilo, mientras que el coste de producción supera los 35 céntimos/kilo y al consumidor le cuesta más de 2,15 euros/kilo”, señalan las Organizaciones Agrarias. Con estas cifras, los agricultores afrontan a diario graves pérdidas y acumulan un fuerte endeudamiento desde el inicio de la campaña.

Frente a esta situación, estas Organizaciones proponemos realizar una retirada de producto ordenada y acordada por el sector en su conjunto, con el objetivo de ajustar la oferta a la demanda del mercado de manera eficaz. La medida se llevaría a cabo en el momento de la entrada del producto a cooperativas y alhóndigas, con la mayor transparencia para los agricultores.

“Trabajamos desde la unidad de acción por la rentabilidad de nuestras explotaciones, queremos precios justos y sostenibles para nuestros agricultores. Un menor volumen de producto puede revertir esta crisis y propiciar una recuperación del mercado tan necesaria”, destacan las Organizaciones, quienes subrayan la necesidad de instrumentos eficaces para combatir estos desplomes periódicos en las cotizaciones de pepino y otros productos hortofrutícolas, especialmente en momentos críticos como el actual debido a la crisis del Covid.

Las Organizaciones trasladarán a la Administración la gravedad de esta situación que atraviesan los agricultores granadinos y almerienses, solicitando apoyo económico y logístico para realizar las retiradas de manera eficaz, además de pedir su implicación para corregir la inoperancia de las medidas de gestión de crisis previstas en la normativa europea.

En paralelo, los representantes del sector agrario granadino denuncian la diferencia abismal entre los precios que percibe el agricultor de pepino y lo que paga el consumidor por esta hortaliza en los lineales de compra (2,15 euros/kilo). En muchos casos, este diferencial supera el 1.400%, resultando totalmente abusivo. Una vez más, el sector reivindica mayor control y sanciones contra las prácticas especulativas realizadas por la gran distribución que pueden acabar con el tejido productivo de nuestra provincia. También exige a las Administraciones competentes que controlen la masiva entrada de producto de terceros países, especialmente Marruecos, sin cumplir los protocolos establecidos con estos países en las condiciones de cupo y de precio. “Es una irresponsabilidad mayúscula que año tras año venimos sufriendo, mientras que las administraciones miran para otro lado”, denuncian los representantes. El sector también exige un mayor control de las empresas que importan producto de terceros países, etiquetándolo para su comercialización con origen nacional.

ASAJA, COAG, UPA, junto a ECOHAL y Cooperativas Agroalimentarias de Granada están manteniendo los contactos oportunos con las organizaciones almerienses para llegar a un acuerdo conjunto de ambas provincias que permita realizar la retirada de producto de manera ordenada y conseguir el efecto deseado en el mercado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, acompañado del ministro de Agricultura, Luis Planas, se reunió el miércoles 4 de noviembre en Moncloa con las organizaciones agrarias ASAJA y UPA y las Cooperativas Agrarias para analizar los principales asuntos de interés del sector agrario, y de forma especial, el resultado del acuerdo alcanzado por el Consejo y el Parlamento Europeo sobre la reforma de la PAC 2021-2027.

El presidente del Gobierno tras destacar el carácter estratégico del sector agroalimentario español, ha hablado de las oportunidades que la nueva PAC traerá para el campo y de cómo el Gobierno de España trabaja para alcanzar un gran pacto de Estado para la aplicación de esta política comunitaria en España mediante un Plan Estratégico que recoja la diversa realidad agronómica de nuestro país.

En este sentido, el presidente de ASAJA ha trasladado a Sanchez la necesidad de que la nueva PAC, cuyos resultados se concretarán una vez alcanzado un acuerdo entre Consejo y Parlamento Europeo, se aplique en España contemplando toda la diversidad productiva, de manera que no genere distorsiones entre territorios, producciones y agricultores.

También ha aprovechado para insistir en la prioridad de aprovechar al máximo los fondos procedentes de la UE, tanto del Marco Financiero 2021-2027 como del Mecanismo de Recuperación “Next Generation”, en políticas de futuro que aseguren la competitividad y modernización del sector productor y del medio rural en su conjunto, tales como la digitalización, la apuesta por la innovación y nuevas tecnologías; las inversiones en mejora y ampliación de los regadíos, los Planes Renove de la maquinaria y el relevo generacional en el sector, entre otros.

En otro orden de cosas, Pedro Barato ha recordado a Sanchez que no es el momento de subir impuestos al sector agroalimentario, en clara alusión a la subida del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas que tan grave repercusión tendría no solo para el sector agrario sino también para la industria, el transporte, la distribución y la restauración.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado la XXIV edición del Premio “Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, Campaña 2020-2021”, según la Orden de 7 de octubre de 2020 (BOE-B-2020-35263 - 2 págs. - 174 KB) (EXTERNO)

Este premio se inició en 1997 y desde entonces se convoca anualmente. Tiene como finalidad promocionar y dar a conocer los aceites de oliva vírgenes extra españoles de mayor calidad y propiedades organolépticas. Las tres modalidades que incluye son:

- Frutado verde amargo

- Frutado verde dulce

- Frutado maduro

Se concede, además, el Premio Especial “Alimentos de España Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra” al aceite de las tres modalidades que haya obtenido la mejor puntuación en la fase de cata y en la valoración físico-química.

Toda la información requerida para poder participar pueden consultarla AQUÍ (EXTERNO)

Según el Aforo de la Consejería de Agricultura presentado por la Consejera de Agricultura el pasado 15 de octubre, Granada contará con 125.000 toneladas de aceite la próxima campaña 2020/2021, lo que supone un incremento de 4,6% con respecto a la campaña anterior y un 5,5% más que la media de las últimas cinco campañas.

La provincia con mayor producción es Jaén con una estimación de 679.000 toneladas de aceite, detrás se sitúa Córdoba, con una producción estimada de 317.000 toneladas de aceite, en tercer lugar, Sevilla, con una producción de 135.000 toneladas, por encima de Granada, que se queda en cuarto lugar. Málaga producirá 72.000 toneladas (+31%), Almería 12.100 toneladas (-22%), Cádiz 9.700 toneladas (+17,6%) y Huelva 7.400 toneladas (+2,3%). En todas las provincias sube la producción salvo en Almería.

La estimación de la producción nacional, según el aforo de la Junta, es de 1.680.000 toneladas, a las que habría que sumarle las 491.000 de enlace de campaña, con lo que nos encontraríamos con cerca de 2,2 millones de toneladas de disponibilidad. Quiere esto decir que las disponibilidades para el mercado van a ser muy altas y que la campaña de comercialización se presenta bastante compleja.

Ante estas cifras, desde ASAJA GRANADA urgimos a la Administración a que ponga en marcha de manera inmediata el artículo 167 del Reglamento de la OCM única que permitirá regular la oferta con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado a través de la autorregulación. Las altas disponibilidades de aceite cada nueva campaña empieza a ser un problema estructural del olivar que hay que solucionar.

El Consejo de Ministros de Agricultura (AGRIFISH) firmó el pasado 22 de octubre, con mayoría cualificada y bajo la presidencia alemana, el acuerdo sobre la PAC para el periodo 2023-2027, con el único voto en contra de Lituania y las abstenciones de Rumanía, Bulgaria y Letonia. Los ministros de Agricultura dieron así el visto bueno a los tres reglamentos que componen las líneas básicas de la reforma: el de los Planes Estratégicos nacionales, el de la organización común de mercados (OCM) y el de la regulación sobre la financiación de las ayudas.

De momento, sabemos que esta nueva PAC destinará el 40% de su presupuesto a objetivos climáticos y medioambientales, que los ecoesquemas (ayudas complementarias para cumplir con prácticas beneficiosas para el medio ambiente) serán obligatorios para los EEMM y que se destinará a ellos el 20% del presupuesto del Primer Pilar. También que se tendrá que destinar al menos el 2% de los fondos de la PAC a los jóvenes agricultores a través de complementos de pago en el Primer Pilar (ayudas directas) y ayudas a la primera instalación.

Para los intereses de España, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que el AGRIFISH ha prolongado los derechos de plantación de viñedos más allá de 2030, hasta el 2040 para ser exactos; que el sector del olivar se podrá beneficiar de un 3% del Primer Pilar bajo los programas sectoriales, y que se ha reconocido finalmente la aceituna de mesa como sector elegible para las ayudas acopladas.

Tras este acuerdo, el Consejo ya tiene un mandato para iniciar las negociaciones a tres bandas (los famosos Trílogos entre Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo) para llegar a un acuerdo final de la PAC, previsiblemente durante el primer semestre del 2021 bajo presidencia portuguesa.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), va a adelantar a las comunidades autónomas las cantidades para el pago de los anticipos de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC), correspondientes a la campaña 2020. En marzo, España solicitó, con el apoyo de otros Estados miembros, elevar el anticipo de los pagos directos de la PAC del 50 al 70 % para dotar de mayor liquidez y asegurar la viabilidad de las explotaciones en un momento difícil como el actual.

Estos anticipos permiten un adelanto de las ayudas directas (el 70%), entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre, que alcanzará los 3.420 millones de euros, del total de los 4.954 millones que se prevé abonar en la campaña 2020, que van a beneficiar a los casi 680.000 agricultores y ganaderos que han presentado la solicitud única de ayudas en esta campaña. De esta forma se dotará de liquidez a las explotaciones. El resto de los pagos directos de la campaña 2020 de la PAC (30%) se abonarán a partir del 1 de diciembre.
Los pagos incluyen los siguientes regímenes de ayudas: Pago Básico; Pago para Prácticas Agrícolas Beneficiosas para el Clima y el Medio Ambiente (“pago verde”); Pago para Jóvenes Agricultores; Ayuda asociada al Cultivo del Arroz; Ayuda asociada a los Cultivos Proteicos; Ayuda asociada a los Frutos de Cáscara y las Algarrobas; Ayuda asociada a las Legumbres de Calidad; Ayuda asociada a la Remolacha Azucarera; Ayuda asociada al Tomate para Industria y todas las Ayudas Asociadas Ganaderas.

Siete comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, han solicitado ya al FEGA los fondos necesarios para comenzar a realizar dichos pagos desde el 16 de octubre, lo que supone una cantidad cercana a los 2.000 millones de euros, mientras que el resto de las comunidades tiene previsto abonar los anticipos en las siguientes semanas. Andalucía recibirá para el abono de este pago anticipado un total de 852.050.249,25 euros.

Las organizaciones agrarias y cooperativas andaluzas hemos remitido una carta al Ministro de Agricultura, Luis Planas, tras conocer el proyecto del Real Decreto por el que se establecen disposiciones específicas para la aplicación de la PAC (Régimen transitorio) en los años 2021 y 2022. En ella, las organizaciones agrarias y las cooperativas andaluzas mostramos nuestra sorpresa y preocupación por la propuesta de convergencia que plantea el borrador de este Real Decreto que regula el periodo transitorio hasta la entrada en vigor de la Nueva Reforma de la PAC, previsiblemente en 2023.

Las organizaciones agrarias y cooperativas sabemos que seguir aplicando la convergencia en los años 2021 y 2022 tiene carácter facultativo para los estados miembros, aun así, si finalmente se considera adecuado que dicha convergencia siga aplicándose en este periodo transitorio, siempre se debería hacer en la misma proporcionalidad que, de forma anual, se ha hecho en el periodo 2015-2019. De ahí que las alegaciones que las organizaciones andaluzas presentamos al borrador del texto se basen en los criterios de progresividad que se han venido aplicando en el periodo 2015-2019.

La aplicación de la propuesta que el MAPA presenta, sin que esté sustentada en un estudio de impacto previo que el sector conozca y pueda evaluar, penalizaría injustamente a muchos titulares al utilizar estas dos anualidades (2021 y 2022) no para mantener el carácter transitorio, sino para incorporar cambios que distorsionarían en gran medida los valores unitarios de los derechos de Pago Básico. Lo que de alguna manera constituye una reforma previa a la nueva reforma de la PAC.

En definitiva, las Organizaciones Agrarias y Cooperativas andaluzas solicitamos que, si el Ministerio de Agricultura decide continuar con la convergencia iniciada en 2015, debe mantener la misma “senda” de convergencia y aplicar los limitadores que han permitido una evolución suave de los pagos.

Por lo tanto, debería considerarse una limitación como máximo del 6% anual del valor unitario inicial de los pagos de los titulares cuyos importes sean superiores a la media regional para cada una de las dos anualidades (la limitación de pérdidas estaba fijada en un máximo de un 30%, lo que, aplicado en cinco etapas idénticas, desde 2015 a 2019, nos da un máximo de un 6% anual). Del mismo modo debería procederse en el caso de la limitación de pérdidas. El incremento de los derechos cuyo valor unitario inicial fuese inferior al 90% del valor medio regional en 2019 se fijaba en una tercera parte de la diferencia entre su valor unitario y el 90% del valor medio regional, de forma progresiva. Por lo tanto, en esta convergencia que el MAPA propone para estas dos anualidades debería considerarse no una tercera parte, sino una quinceava parte(que es lo que se ha ido aplicando anualmente desde 2015 hasta completar la tercera parte antes mencionada en 2019).

Las organizaciones firmantes consideramos que los niveles propuestos en el borrador de Normativa (70% en 2021 y 80% en 2022) carecen de justificación, puesto que van mucho más allá de la convergencia que la Comisión Europea contempla para el año 2026 en su actual propuesta de Reforma de la PAC(que es 75% del Valor Medio Regional). Creemos que, para dar coherencia a la transición entre los dos periodos de implementación de la PAC, el avance anual en la convergencia debería ser del 2,5 % anual para alcanzar el valor inferior mínimo propuesto por la Comisión Europea para la anualidad 2026. Y para ello los niveles en 2021 y 2022 deberían ser del 62,5% y 65% del valor medio regional, respectivamente.

Por todo lo anterior, esperamos la modificación total del borrador de Norma que se nos ha presentado para evitar el perjuicio, que de seguir adelante la misma, se producirá a los agricultores y ganaderos de Andalucía, provocando una distorsión importante en una gran parte de las explotaciones agrícolas.

No hay justificación para caídas tan fuertes, entre el 45% casi y el 38% en la variedad comuna y largueta, respectivamente. Ni el aumento de producción, ni la crisis sanitaria, ni la alta demanda. España exporta la mayor parte de su producción de almendra de alta calidad a otros países europeos e importa a precios más caros que no cumplen nuestros mismos estándares ni de calidad ni medioambientales, fomentándose así una competencia desleal. ASAJA GRANADA exige a las Administraciones nacional y autonómica un Plan de Reconversión en el sector que apoye la almendra autóctona y el fomento del consumo.

Granada, 4 de septiembre 2020.- El precio de la almendra inició su tendencia bajista a comienzos de año a un ritmo lento al principio y con una estrepitosa caída en el último mes, pasando de 5,40 euros/kilo grano a 3,07 euros/kilo grano la variedad comuna (-44,18%) y de 5,62 euros/kilo grano a 3,49 euros kilo grano la variedad largueta (-37,9%). No hay justificación para caídas tan fuertes de más del 42% y casi 39% en las variedades comuna y largueta, las más abundantes en Andalucía, junto con la Marcona, que también ha bajado desde 6,58 euros a 5,06 euros/kilo gran (-23,1%). Ni el aumento de producción que se estima en 95.579 toneladas en España, siendo Andalucía la que más cosecha prevé con 29.800 toneladas, de ellas 10. 950 toneladas en la provincia de Granada, máxima productora; ni la crisis sanitaria por el cierre del canal comercializador HORECA, ni la alta demanda. Se trata de un mercado muy especulativo en el que los operadores fuerzan a los agricultores a que entreguen almendra en los almacenes a resultas, sin precio, y, asimismo, muy presionado por las importaciones de almendra americana de California. A este ritmo solo sobrevivirá la alta producción de las nuevas plantaciones y el cultivo tradicional de la almendra, que supone el 80% del total, tendrá que abandonarse, con el consiguiente riesgo de despoblamiento rural y desertización.

España es tradicionalmente un país importador de almendra y deficitario en producción (en años pasados la producción media ha estado en torno a las 64.000 toneladas y el consumo en 73.000 toneladas), aunque no toda la almendra que importamos se queda en nuestro país y, al mismo tiempo, exportamos nuestra almendra de mayor calidad a mercados internacionales, sobre todo, europeos. Las nuevas plantaciones en regadío han cambiado las cosas en los últimos tres años y las producciones han aumentado, continúan sin embargo las mismas prácticas comerciales. En este escenario el cultivo tradicional de almendra, en secano, y con menores rendimientos, es el que más está sufriendo la caída de los precios y la provincia de Granada, con 67.975 hectáreas productivas, de las cuales 63.000 has en régimen de aprovechamiento en secano (el total en Andalucía son 124.777 has), está viendo venir un difícil panorama para uno de sus cultivos emblemáticos, junto al olivar, asimismo en crisis.

Desde ASAJA GRANADA solicitamos a las Administraciones nacional y autonómica que no dejen de lado este problema y pongan freno a importaciones que no cumplen nuestros estándares productivos de calidad y medioambientales y afronten un Plan de Reconversión en el sector que apoye la almendra autóctona y fomente el consumo.

Granada, 23 de julio 2020.- ASAJA GRANADA no comparte la euforia del Gobierno sobre el acuerdo básico alcanzado en Bruselas para cerrar el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2021-2027. El Marco Financiero será inferior al actual y los fondos destinados a la agricultura se recortarán en un 10% pasando de los 383.000 millones de euros a 343.900 millones. Esto representa un recorte de casi 39.000 millones de euros en la UE-27 en el nuevo periodo, de los cuales 27.500 millones corresponderían a pagos directos y medidas de mercado (-9,6%) y 11.350 millones en recortes en Desarrollo Rural (-11%). Se trata de un duro golpe para los agricultores y ganaderos de nuestro país que llevan años soportando una brutal crisis de precios, y, por ende, para el campo andaluz y para Granada.

Sin tener cálculos definitivos de reparto por países, pero teniendo en cuenta el peso de España en los fondos agrícolas de la UE (más del 13% del primer pilar y un 8,5% en Desarrollo Rural), nuestro país podría llegar a perder más de 4.740 millones de euros en el periodo. Trasponiendo las cifras a Andalucía, que recibe un 27% de los fondos de la PAC, las pérdidas supondrían 1.280 millones de euros. Para el campo granadino, las pérdidas serían de 100 millones de euros en el periodo (82,9 millones en el primer pilar) y 17,1 millones menos en Desarrollo Rural, lo que equivaldría a un año entero de pagos directos sin ayudas para agricultores ni para ganaderos.

A la hora de la verdad, el Gobierno de España ha aceptado un presupuesto para la PAC inasumible para los agricultores y ganaderos españoles, ha dejado pasar la oportunidad de revalorizar el modelo social y profesional de la producción y la actividad agraria en Europa y ha minimizado el papel del sector como actividad esencial, demostrado y reconocido por la sociedad durante la crisis sanitaria del COVID-19. Los agricultores y ganaderos no se merecen este trato.

ASAJA, UPA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias han mantenido un encuentro conciliador con el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Cádiz).

21 de julio de 2020.- Las organizaciones agrarias andaluzas ASAJA, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han reivindicado en el Puerto de Algeciras una frontera única y una política aduanera común para toda la Unión Europea, con un reglamento estricto, riguroso, que penalice y que controle todos los puertos europeos, para que lo que no pueda entrar por Algeciras o por Valencia tampoco entre por Róterdam o por cualquier otro puerto.

En el marco de la concentración representativa que ha tenido lugar hoy, y que ha reunido a un centenar de productores de toda Andalucía, representantes de las cuatro organizaciones han mantenido un encuentro con el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce Calleja, al que le han trasladado la importancia de establecer criterios unánimes en todos los puertos de Europa en cuanto a la entrada de producciones de países terceros y que se cumplan los acuerdos preferenciales.

Bajo el lema #CompetenciaDeslealNO, han solicitado un control real y efectivo de las importaciones y han reclamado que se cumplan de forma estricta los acuerdos comerciales en vigor, tanto en fechas, como en cupos y en calidades. No obstante, los representantes de las cuatro organizaciones han alertado del riesgo de firmar nuevos acuerdos comerciales y demandan que la firma de los mismos se condicione a la realización de estudios previos de impacto sobre la agricultura europea y el cumplimiento de los principios de preferencia comunitaria y de reciprocidad.

Agricultores y ganaderos andaluces están hartos de que tanto la Unión Europea, como el Gobierno español y la Junta de Andalucía miren hacia otro lado, por ello, exigen que se cumpla el principio de preferencia comunitaria -primero lo producido en la Unión Europea-, así como el principio de reciprocidad, es decir, que los productos que vienen de países terceros cumplan los mismos requisitos en materia medioambiental, de seguridad alimentaria y de condiciones laborales.

Con esta concentración, organizaciones agrarias y cooperativas han retomado de forma simbólica las movilizaciones de inicio de año y que se vieron interrumpidas por la irrupción del Covid-19. Miles de agricultores y ganaderos andaluces salieron a la calle bajo el lema #AgricultoresAlLímite para reclamar a las Administraciones competentes medidas políticas para impulsar la competitividad de las explotaciones agroalimentarias, aquejadas de la falta de rentabilidad y la competencia desleal de terceros países.

Tras la movilización y el encuentro mantenido con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han acordado seguir trabajando de forma unánime y mantener las acciones reivindicativas con el objetivo de que las administraciones competentes adopten medidas que prioricen la competitividad del sector agroalimentario europeo.

Nuestra organización agraria lleva años reivindicando esta y otras medidas al Consejo Rector del Parque Nacional de Sierra Nevada y a la anterior Administración autonómica, en defensa de la actividad agroganadera como forma de vida de los pobladores de la comarca, encontrándose siempre con la negativa sin fundamento de las autoridades rectoras y los responsables políticos. La Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox y aprobada por el Parlamento andaluz a finales de febrero con el apoyo de todos los partidos políticos, salvo el PSOE, despeja ahora el camino para cambiar, al menos en este punto, la normativa de Parques Protegidos desde la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Granada, 17 de julio 2020.- ASAJA GRANADA lleva años peleando con la anterior Administración autonómica y desde el propio seno del Consejo Rector del Parque Nacional de Sierra Nevada para que se gestione el espacio protegido de los pueblos de la Alpujarra teniendo en cuenta las necesidades de sus pobladores y la actividad agroganadera de la que estos dependen. Las restricciones que sufren con relación a las prácticas agrícolas y ganaderas no se limitan a la prohibición de colocar mallas antigranizo para la protección de sus cultivos a cotas superiores a los 900 metros, sino que incluyen todo tipo de trabas como transitar y acceder con vehículos a las fincas, para cultivar determinadas parcelas, para ampliar una balsa, para cortar broza en la sierra, para limpiar las acequias, para arreglar caminos, etc. La Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox para permitir la instalación de mallas antigranizo en los cultivos de la Alpujarra granadina, aprobada por el Parlamento andaluz a finales de febrero con el apoyo de todos los partidos políticos, salvo por el PSOE, despeja ahora el camino para cambiar, al menos en este punto, la normativa de Parques Protegidos desde la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Ninguna justificación ha tenido la oposición basada en un impacto visual que no es tal, al no poder compararse con los plásticos de invernadero siendo las mallas de un material completamente distinto que se camufla con el paisaje.

Las últimas tormentas han ocasionado, precisamente, severos daños en los hortícolas (tomates, habichuelas, calabacín, pimientos) y frutos rojos (frambuesas fresas, zarzamoras) que se cosechan a cotas superiores a los 900 metros, esta vez el municipio más afectado ha sido el de la Alpujarra de la Sierra, formado por los pueblos de Mecina Bombarón, Yegen, El Golco y Montenegro. Otros municipios amenazados a menudo por el granizo son Bérchules, Nevada, Válor, Juviles, Cástaras, Trevélez, Busquistar y Pórtugos. Se podían haber evitado. La agricultura en estos pueblos de alta montaña es el principal medio de vida y de contención de la despoblación, y los productos y frutos que aquí se crían son de una extraordinaria calidad, sin necesidad de uso de fitosanitarios. Tienen, además, salida al mercado en épocas en las que no hay abastecimiento, por lo que son altamente demandados.

No es justo limitar y dejar desprotegidos a estos agricultores originarios de la tierra y conocedores del medio natural en el que viven, y esperamos que la Junta de Andalucía desarrolle cuanto antes la nueva normativa que regule y permita a estas familias, que solo tienen ingresos del campo, proteger sus cultivos con la única medida posible, que ya tiene el camino abierto. Asimismo, instamos a que mientras se aclare la situación se suspendan todos los procedimientos sancionadores tramitados y los que pudieran darse por nuevos incumplimientos.

La Junta Directiva de ASAJA GRANADA tras analizar las últimas propuestas realizadas por las Administraciones ha acordado que se retomarán las movilizaciones donde se habían quedado antes de la declaración del estado de alarma con dos acciones pendientes, una en el puerto de Motril y otra en el puerto de Algeciras, a expensas de una fecha concreta que permita su celebración con las suficientes garantías sanitarias.

La situación insostenible que el sector venía soportando por la baja rentabilidad de sus productos en nada ha mejorado y solo nos viene de cara la mayor conciencia social de la problemática que arrastramos: desequilibrios en la cadena del valor de nuestros productos; especulación de la gran distribución, constantes incumplimientos de los acuerdos comerciales agroalimentarios de la UE con terceros países; aranceles que gravan nuestras producciones; recortes presupuestarios de la Política Agraria Común e incremento de las exigencias burocráticas y unas políticas regresivas que ponen en peligro la independencia agroalimentaria de la UE.

Granada, 7 de julio de 2020.- La declaración del estado de alarma interrumpió las movilizaciones que todo el sector tenía previsto celebrar en el puerto de Motril, el 19 de marzo, y en el puerto de Algeciras, el 12 de marzo, para exigir el cumplimiento de los acuerdos comerciales que la UE tiene establecidos con terceros países en cuanto a los contingentes y una reciprocidad respecto a los requisitos europeos medioambientales, de seguridad alimentaria y de condiciones laborales, dado que el descontrol de las entradas de los productos y la diferencia de los estándares de calidad o seguridad generan una competencia desleal que está provocando la ruina del sector agroalimentario y al abandono de las explotaciones. Una fecha anterior había quedado marcada en el calendario, el 19 de febrero, en que tuvo lugar la histórica manifestación del campo granadino por unos precios justos, con todo el sector unido clamando medidas estructurales a las Administraciones para superar la grave crisis de rentabilidad que soportan desde hace tiempo los agricultores y ganaderos.

Nada ha mejorado con la “nueva normalidad” y tras el esfuerzo realizado por el sector agroalimentario para que el abastecimiento de la población no se interrumpiera en los críticos momentos vividos solo nos viene de cara una mayor conciencia social de la problemática que arrastramos: desequilibrios en la cadena del valor de nuestros productos; especulación de la gran distribución; entrada fraudulenta de productos agroalimentarios; aranceles que gravan nuestras producciones; recortes presupuestarios de la Política Agraria Común e incremento de las exigencias burocráticas, así como unas políticas regresivas de la UE con las iniciativas “De la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad” que ponen en peligro la independencia agroalimentario de la UE. Así lo ha entendido la Junta Directiva de ASAJA GRANADA tras analizar la situación actual, por lo que ha acordado retomar las movilizaciones donde se habían quedado, a expensas de una fecha concreta que permita su celebración con las suficientes garantías sanitarias.

En línea con las reivindicaciones anteriores son fundamentales para la recuperación económica del sector las siguientes medidas: la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria para el establecimiento de los costes mínimos que garanticen unos precios justos; la retirada obligatoria de productos en épocas excedentarias (en el caso del aceite, aprobada ya la autorregulación que la retirada se inicie ya en esta próxima campaña); el control de las importaciones; la eliminación de los aranceles y objetivos realistas en la aplicación de las estrategias medioambientales de la UE y el uso de la biotecnología apoyada en la ciencia. Como ha quedado claro durante la pandemia, el valor del sector agroalimentario como suministrador de alimentos es esencial para la sociedad y requiere que se le dé la consideración de sector estratégico y se asegure su competitividad y rentabilidad al tiempo que se avanza hacia un modelo agrícola sostenible.

El pasado 18 de diciembre de 2019 se inició el período de presentación de solicitudes por parte de las empresas interesadas en acceder a las ayudas, en régimen de concurrencia simple, contempladas en alguno de los dos programas de incentivos incluidos en el paquete de medidas para la eficiencia energética de la industria en Andalucía, dotado con 100 millones de euros, acogidas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Durante el año 2020 permanecerá abierto el período de admisión de nuevas solicitudes, y hasta que se agote el referido presupuesto.

La Agencia Andaluza de la Energía, como organismo de la Junta de Andalucía encargado de impulsar en términos económicos y medioambientales el autoabastecimiento energético de nuestra Comunidad Autónoma, y como órgano gestor de las ayudas, convoca el presente seminario en red, en colaboración con ASAJA Granada y Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, con el objetivo de acercar al sector de la industria agroalimentaria granadina los aspectos más relevantes acerca de las condiciones y operativa de los programas, así como las opciones tecnológicas que permitirán lograr el mejor desempeño energético de las industrias gracias a las inversiones en renovación de maquinaria y equipamiento que permitan una mayor eficiencia energética.

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El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, ha trasladado hoy al Parlamento de Andalucía la necesidad de frenar la estrategia suicida que plantea Bruselas para el sector agrario y que provocará la pérdida de rentabilidad de las explotaciones europeas y con ello la pérdida de capacidad productiva y de autoabastecimiento de la propia UE.

Sevilla, 23 de junio de 2020.- La pandemia y la declaración del estado de alarma han tenido enormes repercusiones que han afectado a todos los sectores productivos en mayor o menor medida. El sector agrario, que ya estaba “tocado” antes de su declaración, ha salido con algunos de sus subsectores “hundidos”, especialmente aquellos más dependientes del canal Horeca y de la actividad en la calle, como la flor cortada y los sectores cárnicos. Así, lo ha puesto hoy de manifiesto el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, en su intervención ante la subcomisión para la Reactivación Económica del Parlamento de Andalucía.

Antes del plantear las propuestas de la organización para superar esta situación el presidente de ASAJA-Andalucía ha recordado que “en todo este periodo agricultores, ganaderos, cooperativas y empresas agroalimentarias han hecho un esfuerzo adicional para atender la desbordada demanda de los momentos iniciales y para evitar el desabastecimiento, por lo que tanto los ciudadanos como los gobernantes han podido comprobar con alivio que el suministro alimentario en España no peligraba, los agricultores estábamos ahí para garantizarlo”.

Sin embargo, ha añadido Serra, “este esfuerzo no ha encontrado la respuesta adecuada ni en la Junta de Andalucía, ni en el Gobierno de España ni en la Comisión Europea”. Esta última, presentó a finales de mayo las estrategias del “Green Deal” (“De la granja a la mesa” y “Biodiversidad en el Horizonte 2030”), “dos propuestas que cercenan las posibilidades de desarrollo de la agricultura y la ganadería europeas y limitan aún más la rentabilidad del sector y sus posibilidades de competir con terceros”.

Con tantas trabas es difícil que nuestra agricultura sea la palanca que impulse el crecimiento y el empleo, puesto que como ha recordado Serra “los problemas que sacaron los tractores a las carreteras antes de la crisis sanitaria se han agravado: los precios en origen continúan hundidos, los cambios en la PAC generan más incertidumbre y las nuevas barreras comerciales limitan aún más nuestras exportaciones”.

El presidente de ASAJA-Andalucía ha presentado una propuesta de actuación en tres niveles: el europeo, el nacional y el autonómico. Y ha pedido la colaboración de todas las administraciones para fortalecer el sector agrario y su capacidad de respuesta.

En el nivel autonómico el presidente de ASAJA-Andalucía ha centrado el foco en la oportunidad de financiación del sector que abrió el Parlamento Europeo el pasado viernes al permitir reprogramar los fondos del Plan de Desarrollo Rural no comprometidos del periodo actual (2014-2020) para destinarlos a financiar a los subsectores en crisis. Esta medida daría oxígeno a aquellos agricultores y ganaderos que están en una situación más delicada.

Respecto al Gobierno central, Ricardo Serra, le ha recordado que la Comisión Europea le concede la posibilidad de autorizar hasta 120.000 euros por explotación, si bien, además de la cuestión de la financiación, “el Gobierno Central tiene en su “debe” con el sector todos los compromisos que asumió cuando los tractores estaban en las calles y que pasan por una solución al problema de los precios, mayor presión para que se retiren los aranceles arbitrarios a nuestras producciones, resolver la digitalización del sector en el medio rural, modernizar los regadíos y atender a los retos de comunicación e innovación, entre otros”.

En el caso de la Comisión Europea, tal como ha indicado Serra, “el plan de choque pasa necesariamente por reformular las estrategias del “Green Deal” y por aprobar un presupuesto y una filosofía adecuada para la nueva PAC que evite que los agricultores y ganaderos europeos pierdan competitividad y capacidad productiva”.

Por último, el presidente de ASAJA-Andalucía ha recordado que Andalucía es la primera región agraria de España, ya que cuenta con más superficie agraria útil y con mayor número de productores, más de 232.000 agricultores y ganaderos que con su actividad aportan el 10% del empleo de la comunidad, generan el 11% del PIB y son decisivos en el reequilibrio de nuestra balanza comercial, puesto que el 60 de sus producciones se destinan a la exportación.

ASAJA GRANADA recuerda que además de las medidas a corto plazo acordadas con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se requerirán otras como: la apertura del almacenamiento privado, asegurar la trazabilidad de los productos importados de terceros países, el desarrollo del Real Decreto Ley 5/2019 de modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, así como mecanismos para hacer frente a las consecuencias del Brexit y los aranceles estadounidenses.

Granada, 8 de junio de 2020.- Todo el sector al unísono, organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG, UPA), Cooperativas Agroalimentarias, la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva, el sector industrial, el Sector Nacional del Aceite de Oliva Virgen con Denominación de Origen, y el sector de la aceituna de mesa (Asemesa e Interaceituna), ha estado trabajando directamente con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en diversas rondas de contactos para poder dar solución a la crisis estructural de precios del aceite de oliva, fundamentalmente en socorro del olivar tradicional, poniéndose sobre la mesa medidas como: la autorregulación para inmovilizar hasta el 10% de la producción de las cooperativas; el fomento de la cosecha temprana; la comercialización del aceite en forma de producto elaborado; el etiquetado que diferencie el aceite de oliva virgen extra obtenido a través de sistemas de producción ligados al olivar tradicional; una nueva norma de calidad; el aumento de la dotación presupuestaria para campañas de promoción en la UE y mercados terceros; una ayuda básica a la renta en la nueva PAC al olivar tradicional; el desarrollo de un programa específico al sector del aceite de oliva en la futura PAC; incentivos para aumentar la superficie de olivar ecológico y apoyo a la reestructuración del olivar tradicional a través de fondos del desarrollo rural.

Se trata de una tímida reacción del Gobierno a las movilizaciones acaecidas en el mes de febrero en protesta por la falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias reivindicando ni más ni menos que la valorización del trabajo de los agricultores y ganaderos con la obtención de precios dignos para sus productos, lema que no ha perdido su fuerza a pesar de haberse suspendido aquellas por la declaración del estado de alarma a consecuencia de la pandemia del COVID-19, pues la situación en nada ha mejorado. El sector del olivar, de los más perjudicados, sigue con precios a la baja no llegando el aceite extra virgen ni a los 2 euros/litro en la última semana (1,913 euros/litro), y con poca actividad en el mercado.

Desde ASAJA GRANADA recordamos que la situación del sector olivarero sigue siendo crítica y que la estabilización del mercado del aceite de oliva requerirá de otras medidas como: la apertura del almacenamiento privado para controlar la oferta y la demanda; asegurar la trazabilidad de los productos importados de terceros países para competir en igualdad de condiciones; el desarrollo del Real Decreto Ley 5/2029 de modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria para que no se pueda vender por debajo de los costes de producción y reforzar la posición de los agricultores en la fijación de precios, así como mecanismos para hacer frente a las consecuencias del Brexit y los aranceles estadounidenses.

Un recorte de 35.000 millones es un severo varapalo para un sector reconocido como esencial y básico para la economía y la sociedad europea.ASAJA muestra su total oposición a cualquier recorte financiero en la futura PAC, marcada por nuevas exigencias en materia medioambiental y climática como consecuencia de la puesta en marcha de las estrategias adoptadas por la CE sobre Biodiversidad y “Del campo a la mesa”. En contra del planteamiento comunitario, ASAJA sostiene que estas exigencias deben necesariamente ir acompañadas de compensaciones por las limitaciones que imponen a la producción y sobre todo, con medidas que respondan a los tres ejes de la sostenibilidad: medioambiental, social y económico.

Granada, 29 de mayo de 2020.- En lo que respecta al presupuesto de la PAC en el Marco Financiero, la propuesta de la Comisión del presupuesto de la PAC 2021-27, sumados los 15.000 millones de euros que destina a Desarrollo Rural dentro del Fondo de Recuperación, asciende a 348.000 millones de euros (en precios constantes 2018), frente a los 383.500 millones de euros para la PAC 2014-2020.

Esto es, un recorte de casi 35.000 millones de euros en las ayudas durante el período, de aproximadamente un 9% respecto al actual Marco Financiero 2014-20, concentrado en el primer pilar de la PAC (con un recorte de casi un 10%) y de un 6 % en Desarrollo Rural, si bien es cierto que la aportación de los 15.000 millones de euros dentro del Presupuesto de “Nueva Generación UE” hace que el recorte sea menor que lo que inicialmente proponía la Comisión en febrero de 2018. Esta reducción del presupuesto se ceba especialmente con España, uno de los países más agrarios de la UE que puede perder 4.300 millones de euros en este periodo.

ASAJA han manifestado su rotundo desacuerdo con los recortes agrarios propuestos por la Comisión, en la misma línea de lo expresado por el resto de organizaciones y cooperativas europeas representadas en el COPA-COGECA, y confía en que tanto el Consejo Europeo como nuestros eurodiputados luchen para mejorar las propuestas y lograr un presupuesto para la PAC acorde con las nuevas ambiciones y retos, y en cualquier caso superior al del actual periodo presupuestario. Estos recortes, de todo punto rechazables, resultan intolerables en el momento actual en el que muchos sectores y muchas explotaciones han quedado seriamente afectados como consecuencia de la crisis del coronavirus y sus efectos en determinados mercados.

Desde ASAJA queremos recordar el papel esencial que los productores agrarios europeos han desempeñado en esta crisis, reconocido y aplaudido tanto por los dirigentes políticos de todos los partidos del arco parlamentario europeo como por la opinión pública de toda la UE. No parece de recibo asestar inmediatamente después un tremendo varapalo a los productores agrarios y desarmarlos frente a sus competidores del resto del mundo. En este sentido, ASAJA apela tanto al Parlamento Europeo como al Consejo para que pongan freno al despropósito diseñado por la Comisión e impongan un poco de cordura en la Política Agraria Comunitaria.

Si la CE persiste en estas propuestas, la respuesta que daría el sector agrario ante una pandemia similar a la actual se vería muy mermada, arriesgando con ello la autonomía y la independencia alimentaria de la propia Unión Europea.

Granada,21-05-2020.- La presentación ayer en Bruselas de las estrategias “De la granja a la mesa” y la “Biodiversidad en el Horizonte 2030” supone una grave amenaza y una honda preocupación para todo el campo andaluz que se ha visto obligado a reaccionar ante el intento, por parte de las más altas instancias comunitarias, de maniatar y limitar el desarrollo del sector agrario más innovador y productivo al que se quiere privar del empleo, de los nutrientes y las medicinas necesarias para garantizar la salud de los animales y los cultivos y limitar la producción y las ayudas al sector ganadero.

Así se lo ha trasladado hoy Ricardo Serra al presidente de Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien ASAJA-Andalucía ha pedido que se oponga frontalmente a estas dos propuestas de la Comisión que preside Ursula Von Der Layen y que se han redactado en contra de los agricultores y ganaderos europeos, entre los que nos encontramos los andaluces.

Tal como explica en su carta el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, “estas dos estrategias contempladas en el marco del Pacto Verde Europeo plantean que al menos un 25% del total de la superficie agraria de la Unión Europea sea ecológica para el año 2030, que el 10% de las tierras agrarias se destinen a elementos no productivos, que el uso de abonos se reduzca en un 20%, que el uso de fitosanitarios se recorte en un 50%, así como que se abra la posibilidad de incrementar hasta un 30% las zonas incluidas en Red Natura 2000, con las limitaciones que de ello se derivan para la actividad agrícola y ganadera”.

En estos documentos se culpa al sector agrario, y en especial a la ganadería, de la emisión de gases de efecto invernadero (emisiones que como hemos podido comprobar durante el parón obligado del confinamiento se deben a la actividad de otros sectores), sin hacer mención en ellos al papel crucial que desempeña la ganadería para el mantenimiento de los pastos, verdaderos sumideros de carbono y, por tanto, reductores de esas emisiones. Profundizando aún más en el caso del sector ganadero, uno de los más afectados por la crisis actual, se plantea reducir el consumo de carne ligándolo malintencionadamente y sin rigor alguno, a una mayor incidencia de enfermedades y a un mayor impacto ambiental. Se propone una revisión de campañas de los programas de promoción de carne y productos cárnicos, e incluso una limitación de las ayudas asociadas a los sectores ganaderos productores de carne en el marco de la PAC.

Ambas estrategias, aún en fase de debate, fueron presentadas en ausencia del comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, que pese a ser el responsable máximo de la agricultura, la ganadería y el desarrollo rural de la Unión Europea no estuvo en la rueda de prensa que dirigió ayer en Bruselas el vicepresidente de la CE y máximo responsable del Pacto Verde Europeo, el holandés Frans Timmermans y en la que participaron la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, y el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius.

Trabas, cortapisas y condicionantes a la agricultura y la ganadería

Estos dos documentos, gestados en la etapa pre-COVID-19 con el objetivo de perseverar en el desarme de los agricultores y ganaderos y en su conversión en los jardineros de Europa, constituyen un cúmulo de despropósitos que se traduce en más trabas, cortapisas y condicionantes al sector agrario, reduciendo con ello nuestra autonomía alimentaria e incrementando la dependencia de los ciudadanos europeos de las producciones de terceros países.

El presidente de ASAJA-Andalucía recuerda también en su carta que “en los últimos tres meses, marcados por la profunda crisis del COVID-19, el sector agrario aparcó sus reivindicaciones y estuvo con el resto de la cadena agroalimentaria, junto con la Sanidad, el Transporte y las Fuerzas Armadas y de Orden Público en auténtica “primera línea” ofreciendo de forma diaria y continuada alimentos sanos, seguros, de calidad y en cantidad suficiente para dar tranquilidad a nuestros conciudadanos y para contribuir a mantener la serenidad, al menos alimentaria, de una población confinada en sus domicilios”.

Por tanto, continúa Serra, “si algo ha quedado demostrado durante la pandemia ha sido que la salud y la alimentación de la población europea no pueden estar en manos de terceros países. Los sectores estratégicos no deben deslocalizarse. Al menos así lo han entendido millones de habitantes y decenas de líderes europeos, que han respirado mucho más tranquilos al comprobar que, gracias a la PAC y al esfuerzo y el tesón de sus agricultores y ganaderos, las estanterías de los supermercados se mantenían bien surtidas”.

Por todo ello, ASAJA-Andalucía insta al presidente de la Junta de Andalucía a situarse al frente de la defensa del sector agrario andaluz y pide al resto de fuerzas y partidos políticos que planten batalla en defensa de nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestro modelo productivo, creador de riqueza y empleo y motor de la economía rural y el desarrollo regional.

En los próximos días, ASAJA-Andalucía trasladará esta petición al resto de grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía y a las diputaciones provinciales. Puesto que “si la CE persiste en estas propuestas sin sentido y contra toda lógica, y nadie la frena, la respuesta que daría el sector agrario ante una situación similar a la vivida con el COVID-19 se vería muy mermada, arriesgando con ello la autonomía, y la independencia alimentaria de la propia Unión Europea”.

Asaja Granada felicita a los agricultores y ganaderos de toda la provincia con motivo de San Isidro Labrador, patrón del sector agrario, aprovechando también para homenajearles por haber estado a la altura de las circunstancias abasteciendo a la población de alimentos, con calidad y seguridad alimentaria contrastados, y sosteniendo económicamente el medio rural.

La organización agraria muestra también su agradecimiento con distintos vídeos difundidos en redes sociales en los que los más pequeños dan las gracias a los agricultores y ganaderos de toda España y les felicitan en el día de su patrón.

ASAJA GRANADA pide la rectificación del dañino y malintencionado mensaje que lanza el Ministerio de Trabajo con esta campaña específica de inspección para detectar casos de “esclavitud o prácticas similares” en explotaciones agrícolas, que nada tiene que ver con la realidad del campo español. Igualmente, apela al cese de la ministra Yolanda Díaz por sectarismo e incompetencia.

Granada 14-05-2020. La campaña específica ordenada por la dirección de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a las jefaturas provinciales de toda España para detectar casos de “esclavitud o prácticas similares” por parte de empresarios agrícolas, con visitas conjuntas de la Guardia Civil y cuestionarios inaceptables (¿presenta el trabajador magulladuras? ¿muestra el trabajador signos de ansiedad? ¿existen otros indicios de confusión mental o violencia? ¿muestran los empleadores un comportamiento violento?), nos asombra e indigna por el mensaje tan dañino y malintencionado que encierra y el desconocimiento de la realidad actual del campo español, regulado como se sabe por convenios colectivos y con disposiciones del propio Gobierno en materia de mano de obra extranjera. Nada más lejos de la imagen de trabajos forzados y esclavitud que está proyectando el Gobierno con este injustificado plan.

Se trata de un ataque en toda regla a los agricultores y ganaderos movido por el sectarismo ideológico de la ministra Yolanda Díaz que en nada ayuda a la convivencia pacífica entre sindicatos y empresarios agrícolas y, por ello, apelamos al presidente del Gobierno a que ordene su cese inmediato, y, asimismo, al propio ministro de Agricultura amparo y contundencia ante la propia ministra para que no parezca que apoya esta actuación y quede nuestro sector a merced de países competidores que aprovecharán para atacar nuestras producciones.

Debería preocuparse el Gobierno más por la falta de rentabilidad del sector primario y los bajos precios en origen en lugar de vilipendiarlo y valorar cómo en los meses de la pandemia los agricultores y ganaderos han abastecido a la población, han dado empleo de calidad y han colaborado solidariamente con sus pueblos en labores de todo tipo.

ASAJA GRANADA lamenta que finalmente no se haya contemplado la reducción de módulos para determinadas producciones como los hortícolas, la alfalfa y el viñedo, olvidadas en la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, ni se haya aceptado el incremento de la reducción para el olivar, los cereales, leguminosas y oleaginosas, almendro y los sectores ganaderos.

No se entiende la disparidad de criterios respecto de municipios limítrofes que han sufrido la misma crisis de rentabilidad, a la hora de aplicar la rebaja fiscal, ni con respecto a otras provincias andaluzas.

Seguiremos insistiendo para que se corrija este injustificado y discriminatorio trato dado al campo granadino por parte del Gobierno central y del Ministerio de Hacienda.

Granada 05-05-2020. Los agricultores y ganaderos de la provincia de Granada sufren una grave decepción ante la publicación hoy en el BOE de las correcciones de errores de módulos del IRPF para el periodo impositivo 2019, no habiendo el Gobierno central tenido en consideración ninguna de las propuestas planteadas desde nuestra organización agraria.

Entre las producciones olvidadas en la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, habíamos reclamado que se incluyeran: el pimiento y tomate, en Baza y Huéscar; el espárrago en la Vega, Montefrío y los Montes y los productos hortícolas (pepino holandés, tomate, calabacín y judías verdes) para las comarcas de la Costa y la Alpujarra y Alhama de Granada afectados por graves inclemencias meteorológicas, además de la alfalfa y el viñedo. Asimismo, ante la situación de crisis de rentabilidad que sufre el campo creíamos justo y razonable incrementar la rebaja en el olivar, los cereales, leguminosas y oleaginosas, almendro y los sectores ganaderos.

Desde ASAJA GRANADA lamentamos que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya sido sensible a las peticiones del campo granadino, más teniendo en cuenta los problemas añadidos que está provocando la crisis del Coronavirus. La Orden del Ministerio de Hacienda no solo no ha recogido debidamente la diversidad de nuestros cultivos a la hora de aplicar la rebaja fiscal, sino que ha repetido vicios y errores anteriores por parte de la Administración, como la disparidad de criterios respecto de municipios limítrofes y provincias con situaciones similares, incurriendo con ello en serios agravios comparativos. Seguiremos insistiendo para que se corrija este injustificado y discriminatorio trato.

Las medidas anunciadas por la Comisión Europea y que responden en buena parte a las peticiones de ASAJA, especialmente en lo que al almacenamiento privado se refiere, han sido bien acogidas por el sector, como un paso positivo en apoyo a los sectores afectados, si bien deben incrementar su dotación presupuestaria y deben subsanarse algunos olvidos. No obstante, estas medidas comunitarias deberían ser complementadas por otras de carácter nacional destinadas a paliar las pérdidas que sufren los productores y a reorientar el consumo mientras dure el cierre del canal Horeca.

ASAJA ha acogido con satisfacción las medidas adoptadas por la Comisión Europea la pasada semana que tienen por objeto hacer frente a los efectos del COVID-19 en el sector agrario, especialmente en materia de activación del almacenamiento privado de productos lácteos (leche en polvo, mantequilla y queso) y productos cárnicos (vacuno, ovino y caprino). Para estas retiradas de productos del mercado se destinan 30 y 46 millones de euros respectivamente y el periodo de almacenamiento será de un mínimo de 2 a 3 meses hasta un máximo de 5 a 7 meses.

No obstante, detectamos en el documento de la Comisión algunos olvidos importantes. ASAJA echa en falta que no se incluya subsectores como el porcino ibérico y los lechones o que no se adopten medidas directas a la renta para los productores de flores y plantas ornamentales cuyos mercados se han visto cerrados como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma. Igualmente, hemos demandado otra serie de medidas que no requieren gasto adicional alguno como es que se permita la entrada del ganado para pastar en los barbechos declarados Superficies de Interés Ecológico, con el fin de reducir costes de producción para los ganaderos y el uso de productos de protección de cultivos que permitan asegurar las producciones en este tipo de superficies, y la excepción generalizada del requisito de dar salida a un 60% de corderos y cabritos de las explotaciones para acceder al pago asociado para los ganaderos de ovino y caprino.

Además, la Comisión propone una nueva medida temporal solo para 2020 “con un propósito muy específico y sin precedentes”, como explica el texto. Se trata de “una suma a tanto alzado” de 5.000 euros para los agricultores y hasta 50.000 euros para las PYMES”. ASAJA valora esta medida ya que puede suponer un alivio económico para aquellos productores que están pasando por dificultades económicas graves como consecuencia de la paralización de los mercados, si bien es necesario aumentar estos importes o complementarlos con fondos nacionales a través de ayudas de Estado o procedentes del Desarrollo Rural.

No obstante, con las medidas de almacenamiento privado adoptadas por Bruselas se reducirá la oferta de producción en el mercado, pero nada más. ASAJA considera esencial que, de forma complementaria, el Gobierno de España adopte otra serie de medidas destinadas a reequilibrar la oferta-demanda de productos agroalimentarios en el mercado. El cierre del canal Horeca ha afectado sobremanera a determinados sectores productivos, esencialmente las carnes más nobles o el vino, y es necesario arbitrar medidas que vayan destinadas a revertir esta situación.

Por otra parte, demandamos al Ministerio de Agricultura acciones concretas para involucrar a la Gran Distribución para que priorice en sus lineales la oferta de productos nacionales, al tiempo que se realizan gestiones para incrementar las exportaciones de nuestros animales. También son necesarias campañas de promoción que fomenten el consumo de la producción nacional, así como ejercer un mayor control y vigilancia de los contratos ganaderos para evitar incumplimientos en los mismos. Por último, se deben implementar medidas fiscales como aplazamiento del IVA o la exención de cuotas de la Seguridad Social que contribuyan a aliviar la carga impositiva para los empresarios agrarios más afectados por esta crisis.

Las organizaciones agrarias representativas españolas exigen ir más allá de medidas administrativas y aplicar “verdaderas medidas de mercado”.

La Unión Europea puede y debe hacer mucho más para apoyar a uno de sus sectores más estratégicos y esenciales: los agricultores y ganaderos. Así lo han manifestado hoy las organizaciones profesionales agrarias españolas representativas. ASAJA, COAG y UPA han reclamado a la Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, que apoye de forma urgente a los productores de alimentos del continente.

UPA, COAG y ASAJA, que hoy han mantenido una reunión telemática con el ministro de Agricultura, Luis Planas, coinciden en que “no hay excusas” para activar medidas de gestión de mercado que ayuden al sector en momentos de dificultad.

Por el momento, las medidas implantadas por el comisario de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, se han limitado a cuestiones administrativas, como la ampliación del plazo para la solicitud de ayudas de la PAC, algo “totalmente insuficiente”, a juicio de los agricultores y ganaderos españoles.

Una “tormenta perfecta” para el sector

La pandemia provocada por el coronavirus ha terminado de completar una tormenta perfecta para el sector agrario español. Tormenta que comenzó con el veto de Rusia a la importación de productos españoles, o el incremento de los aranceles por parte de Donald Trump en Estados Unidos.

“Tenemos motivos más que suficientes para activar esas medidas”, han señalado. Medidas que deberían consistir en planes de almacenamiento de leche, quesos y carne, ayudas al sector ovino y caprino y destilaciones de crisis.

Coincidencias ante Planas

En la videoconferencia con el ministro de Agricultura, Luis Planas, COAG, UPA y ASAJA han puesto en valor el trabajo que están desempeñando los agricultores y ganaderos en estos duros momentos de pandemia, asegurando un suministro estable de alimentos y aportando seguridad en tiempos de incertidumbre. Las OPAs han analizado cuestiones como el precio de los alimentos, la necesidad de mano de obra en el campo de cara a las campañas de verano, o la situación de la aplicación de la reforma de la Ley de la cadena alimentaria.

El secretario general de la asociación agraria, Manuel del Pino López, denunció una serie de problemas para el sector agroganadero derivados de la declaración del estado de alarma por COVID-19, principalmente en ovino y caprino por la caída en la ventas, y constató la inoportunidad e ineficacia de la suspensión de determinados trámites administrativos relativos a quemas de restos de poda o suspensión de autorizaciones para el control de daños por fauna silvestre que dificultan las labores propias de un sector que por su esencialidad no puede parar en estos críticos momentos. También planteó la necesidad de abastecimiento de Equipos de Protección Individual para los trabajadores agrarios que están en la brecha, así como la búsqueda de una solución para los trabajadores extranjeros que han finalizado contratos y no pueden volver a sus países.

Granada 16-04-2020. El secretario general de ASAJA GRANADA, Manuel del Pino López, ha mantenido una reunión por videoconferencia con la delegada provincial de Agricultura, María José Martín Gómez, y con el delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, Pablo García Pérez, en la que se abordaron asuntos vitales para el sector agroganadero derivados de la declaración del estado de alarma por COVID-19 con la voluntad de darles una solución.

La máxima preocupación se centró en el sector de ovino y caprino de carne por la bajada del consumo ante el cierre total de la restauración, principal destinatario de la producción, y en consecuencia de las cotizaciones de los cabritos y corderos y, unido a esto, la dificultad de encontrar un comprador en plena paridera (el momento del año en que hay más nacimientos) y tener que estar alimentando a los animales en la explotación durante más tiempo perdiendo su categoría comercial al pasarse de peso y edad e incrementándose costes. Frente a esta situación, Manuel del Pino, planteó a los responsables políticos la flexibilización de las condiciones para cobrar la prima asociada de las ayudas PAC, la publicación urgente por parte de la Consejería de Agricultura de las ayudas pendientes a la ganadería extensiva y la agilización de los pagos de las ayudas directas aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, como remedio a corto plazo, para cuando se abra el canal HORECA, propuso que desde la Administración autonómica se apoye el sacrificio de animales y congelación de canales junto con la prohibición de importación de terceros países hasta terminar con el stock, involucrando en esto a la Gran Distribución.

Se pasó luego a otros problemas, más de carácter administrativo, que han estado dificultando las labores propias del sector agroganadero que por su esencialidad no puede parar en estos críticos momentos, como ha sido la suspensión de autorizaciones para quemas de restos de poda cuando no hay peligro alto de incendios forestales y las restricciones en las autorizaciones para el control de daños en cultivos por fauna silvestre cuando más amenazados están, en concreto los herbáceos, en pleno desarrollo vegetativo, y los arbóreos, como el olivar y almendro. En este sentido hubo una respuesta muy positiva dictando la delegada provincial de Agricultura, en primer lugar, de forma casi inmediata, la Resolución de levantamiento de la suspensión de la prohibición de las quemas de restos de poda por considerar las tareas de eliminación de rastrojos y residuos agrarios imprescindibles para evitar el desarrollo y proliferación de plagas y, en segundo lugar, comprometiéndose a arbitrar las medidas para que los titulares de cotos puedan autorizar a terceros para realizar los aguardos y acechos previamente autorizados en sus Planes Técnicos de Caza como modo de control poblacional de jabalíes y corzos.

Se trató también sobre los Equipos de Protección Individual (EPIS) con el fin de que no se deje de tener en cuenta al sector en el reparto, puesto que también a los profesionales agrarios les obligan las normas de protección y prevención establecidas en el Real Decreto 463/2020 de declaración del estado de alarma sanitaria. ofreciéndose nuestra organización como intermediaria entre los agricultores y la Administración autonómica para trasladar las necesidades reales. Y, por último, se puso en consideración de los delegados autonómicos su intercesión con la Administración central a través de la Subdelegación del Gobierno para que se arbitren medios de repatriación de los trabajadores extranjeros que han finalizado sus contratos en las campañas de aceituna y espárrago.

ASAJA GRANADA lamenta que el Gobierno no haya aplicado mayores reducciones para el olivar, los cereales, maíz, leguminosas y oleaginosas y se haya olvidado de algunos cultivos como el espárrago en las comarcas de La Vega, Montefrío y los Montes, del viñedo en toda la provincia, de la alfalfa en la Vega, y del tomate y pimiento en Baza y Huéscar.

La reducción establecida para el almendro debería extenderse a todos los municipios de la zona norte y para los productos hortícolas a toda la comarca de la Costa y la Alpujarra.

En cuanto a la ganadería, las reducciones generales establecidas se quedan muy cortas dado el impacto de la crisis de rentabilidad y la sequía en todas las producciones, especialmente ovino y caprino.

Granada 13-04-2020. La Orden de Reducción Módulos del IRPF para el periodo impositivo 2019 publicada en el BOE número 99 de fecha 8 de abril no satisface las necesidades del campo en la provincia de Granada, teniendo en cuenta la crisis de rentabilidad que han atravesado todos los cultivos, especialmente los cereales y el olivar, a consecuencia de los bajos precios y altos costes de producción, la sequía y los aranceles, así como todo el sector ganadero, agravándose aún más en el caso del ovino y caprino, fundamentalmente, por el problema del COVID-19.

El Gobierno no ha mostrado la suficiente sensibilidad con determinadas producciones aplicando reducciones muy escasas para los cereales (0,18), olivar (0,13), maíz (0,13 para Orce únicamente), leguminosas (0,18) y oleaginosas (0,22) y olvidándose de rebajar los módulos de algunos cultivos como el espárrago en las comarcas de La Vega, Montefrío y los Montes, o el pimiento y tomate en Baza y Huéscar que sufrieron graves daños por inclemencias meteorológicas, así como de la alfalfa y del viñedo. En cuanto a la reducción del 0,13 establecida para el almendro debería extenderse a todos los municipios de la zona norte y la establecida del 0,13 para los productos hortícolas (pepino holandés, calabacín, judías verdes) debería extenderse a todos los municipios de la comarca de la Costa y la Alpujarra y Alhama de Granada. Respecto de la ganadería, las reducciones generales se han quedado muy cortas y desde ASAJA GRANADA solicitamos el módulo 0 para bovino de carne y de cría extensivo y caprino de carne extensivo, y una reducción al 0,09 para la caprino y bovino de leche.

Pedimos, por tanto, que se complemente la Orden con los siguientes índices:

Desde ASAJAGRANADA hemos trasladado al Ministerio de Agricultura y Hacienda estas peticiones y esperamos que se arregle cuanto antes el tratamiento dado a nuestra provincia con una corrección de errores de la Orden publicada.

La campaña de la Renta ya ha comenzado y el Gobierno aún no ha publicado la norma que reduce para el periodo impositivo 2019 los módulos aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. Es imposible comenzar así a tramitar la Renta, a lo que se añade la no ampliación del plazo y las complicaciones derivadas del estado de alarma.

Insta, asimismo, a los Ayuntamientos a que condonen el IBI rústico y supriman el impuesto de circulación de vehículos agrícolas comprometiéndose de este modo los políticos con nuestros agricultores y ganaderos ante la situación de crisis.

Granada 07-04-2020. Desde ASAJA GRANADA reclamamos al Gobierno la publicación urgente de la Orden de rebajas de módulos aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF 2019 para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales, necesaria para compensar la crisis de rentabilidad que atraviesa el campo por los bajos precios percibidos y aumento de costes, así como por la grave sequía padecida y otras adversidades climáticas. Sin esta normativa es imposible comenzar a tramitar las declaraciones complicándose aún más la campaña por las circunstancias excepcionales del estado de alarma que ha paralizado la actividad económica y ha obligado a la ciudadanía a la reclusión, y por la no ampliación de plazo por parte de la Agencia Tributaria.

Nuestra organización agraria ha solicitado que la reducción sea la máxima posible para todas las comarcas de la provincia, en concreto, que los índices de rendimiento neto para los productos del olivo pasen de 0,26 a 0,0; para el almendro de 0,26 a 0,20, con carácter general, y, específicamente para los términos municipales de Castilléjar, Galera, Huéscar, Orce y La Puebla de don Fadrique, por las heladas del mes de marzo, que baje de 0,26 a 0,13, y para Aldeire, Alquife, Benalúa, Dólar, Ferreira, Fonelas, Huéneja, Jerez del Marquesado, Lanteira, Lugros, Marchal, Purullena y Valle de Zalabí, que baje también a 0,13, como consecuencia de los daños por las heladas de finales de marzo y principios de abril; para los cereales de 0,26 a 0,13 con carácter general, y en particular a 0,10 para el maíz en La Puebla de Don Fadrique, por la granizada del 17 de julio; para los hortícolas que pase de 0,26 a 0.13, con carácter general y, específicamente, a 0,10, en Alhama de Granada, Arenas del Rey, Alpujarra de la Sierra, Bérchules y Válor, Galera, Orce, Puebla de Don Fadrique, Freila y Zújar, municipios que sufrieron la DANA acaecida los días 13 y 14 de septiembre afectando cultivos como la judía verde, tomate, el pepino, hortícolas al aire libre, pimiento, melón, y tomate Cherry; para las oleaginosas de 0,32 a 0,1 y para leguminosas de 0,26 a 0,13. Con respecto a los sectores ganaderos la reducción del índice de rendimiento neto aplicable solicitada, con carácter general, es del 40% del módulo actual, y para el bovino de carne y ovino de carne una reducción más específica, del 0.13 a 0,07 respectivamente, y del 0,26 a 0,0 para la apicultura.

Otras medidas siempre válidas, que permitirían descargar de presión al sector agroganadero, con economías siempre expuestas a imprevistos temporales, sequía o plagas, aplicables desde las distintas Administraciones, serían el incremento de la financiación para la contratación de seguros agrarios, el establecimiento de líneas de financiación bonificadas íntegramente y la reducción o bonificación de los costes laborales.

La labor de los agricultores y ganaderos se ha mostrado esencial y estratégica en estas difíciles circunstancias para el abastecimiento de alimentos a la ciudadanía, así como por su generosa colaboración en la desinfección de pueblos y ciudades, y ahora más que nunca es cuando hay que saber valorar su importancia y fortalecerlo. Instamos, por ello, a los Ayuntamientos a que miren y reconozcan el trabajo y el esfuerzo de nuestros agricultores y ganaderos y también pongan en marcha medidas de su competencia como la condonación del IBI rústico y la supresión del impuesto de circulación de vehículos agrarios.

Miércoles 1 de abril de 2020. La Moncloa. El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se reunió ayer por videoconferencia con responsables de las consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas para analizar la situación del sector agrario ante el estado de alarma decretado para hacer frente a la crisis del COVID-19. El secretario general ha expresado la necesidad de redoblar esfuerzos para facilitar la tarea de agricultores y ganaderos, cooperativas, industria agroalimentaria y distribución, considerados como sectores esenciales para garantizar el suministro alimentario a todos los ciudadanos. A este respecto, se ha referido a las medidas solicitadas a la Comisión para ayudar a los sectores más afectados por el cierre de la restauración y las medidas de confinamiento, como la carne de ovino o el sector de los frutos rojos.

En particular, el Ministerio ha pedido que se establezcan ayudas al almacenamiento privado y a la reducción voluntaria de la producción para el sector de la carne de ovino, y leche de oveja y cabra. En el caso del sector de la fresa y los frutos rojos, así como para la flor cortada y planta ornamental, se han solicitado ayudas a la retirada de mercado y por no efectuar la cosecha, y se ha pedido su aplicación retroactiva cuando sea necesario.

De igual forma, Miranda ha hecho mención de las medidas de liquidez aprobadas por el Gobierno, así como la prestación por cese de actividad, a la que también pueden acogerse los sectores agrarios afectados por la situación actual, como es el caso de la flor cortada.

Miranda también ha informado a las comunidades autónomas de las solicitudes realizadas por el Ministerio a la Comisión Europea (CE) en el ámbito de la Política Agrícola Común (PAC) y de los mercados agrarios, con el objetivo de buscar soluciones a determinadas situaciones originadas por esta crisis sanitaria.

Gestión de la PAC

En concreto, el secretario general ha detallado la relación de plazos, requisitos, compromisos y controles para los que se ha solicitado una extensión, flexibilización o reducción, de tal forma que los beneficiarios no se vean perjudicados por esta situación.

España también ha solicitado a la Comisión modificaciones legales para que la imposibilidad de ejecutar determinadas medidas en los plazos establecidos no provoque la pérdida de fondos, tanto a las propias comunidades autónomas en sus programas de desarrollo rural, como al conjunto de la nación en determinados programas de apoyo, como puede ser el caso del programa de apoyo al sector del vino o los programas operativos de frutas y hortalizas, y el programa apícola.

En este ámbito, Miranda ha informado asimismo de la propuesta de modificación de la CE para incrementar los límites aplicables a las ayudas de Estado, así como de la nota que ha presentado sobre el uso de los fondos de desarrollo rural (FEADER) ante la crisis del Covid-19.

Entre otras cosas, en el encuentro se ha informado a las comunidades sobre la tramitación del reglamento de transición de la PAC para el año 2021, sobre el ajuste del calendario de elaboración del Plan Estratégico de la PAC motivado por la actual situación de excepcionalidad, y sobre las directrices comunicadas por la Comisión respecto al desarrollo de las campañas de saneamiento ganadero.

A medida que se prolonga el estado de alarma decretado por el COVID-19 productos como las carnes de ovino y caprino y derivados de la leche, y frutas y hortalizas como chirimoyas, níspolas y espárragos, se arruinan debido a la falta de pedidos y el hundimiento de precios. Otros sectores como el aceite de oliva o el vino temen la acumulación de excedentes ante la incertidumbre del mercado global.

ASAJA GRANADA reclama a las distintas Administraciones, ante esta complicada situación, que se implanten planes de apoyo específicos como reducción de módulos del IRPF, reducción de los gastos sociales, así como la potenciación de otros canales alternativos de distribución o medidas de regulación de los mercados y de gestión de crisis.

Granada 30-03-2020. Desde ASAJA GRANADA denunciamos la difícil situación en la que se están quedando algunos sectores ganaderos y hortícolas de nuestra provincia amenazados de ruina a medida que se prolonga el estado de alarma decretado por el COVIP-10 debido a la falta de pedidos y el hundimiento de precios.

Los productores de ovino-caprino, cárnicos y de leche, se llevan la peor parte debido al cierre de su principal canal nacional de ventas HORECA (hostelería, restauración y cafeterías), de los mercados ambulantes para la producción de quesos y yogures, y la caída en picado de la actividad en mataderos, ante lo cual debería potenciarse, como medida de contención, la salida de productos como el cabrito y el cordero en el canal de distribución, ampliando, por ejemplo, la oferta de cortes interesantes a los consumidores.

Las frutas y hortalizas, en especial chirimoyas, níspolas y los espárragos también se están viendo afectados por el cierre de los establecimientos de restauración y por la tendencia a la baja de exportaciones a Alemania, Francia e Italia. El espárrago verde de Granada, en concreto, tendrá un 80% de pérdidas económicas cuando las expectativas de precios eran excelentes ante un adelanto de la campaña y una cosecha de 20.500 toneladas (+20%).

Tampoco están funcionando demasiado bien, en medio de la incertidumbre por el acceso a la mano de obra en la próxima campaña, ralentización de las exportaciones o disputas comerciales, otros sectores como el aceite de oliva y el vino que se temen una acumulación de excedentes, lo que conllevaría una caída significativa de precios.

La producción primaria es clave en estos momentos y es necesario que se garantice la continuidad de la actividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas con soluciones a corto, medio y largo plazo que protejan a estos sectores seriamente perjudicados. Por ello, reclamamos a las distintas Administraciones que implanten planes de apoyo específicos, como el módulo 0 o reducciones del 50% en el IRPF para los productos señalados (y para otros que también puedan resultar impactados), reducción de gastos sociales, medidas de regulación de los mercados y de gestión de crisis, así como mayor flexibilidad en la aplicación de las medidas de la PAC y transferencia de fondos de los programas comunitarios.

Considera que la gran bajada del precio del Brent de los 63,83 a los 36,85 dólares no ha repercutido en la misma medida en el precio final al consumidor, a una media de 0,743 euros/litro, y que el sector agrario no deber verse lastrado con este desequilibrio del sistema al que ya se le añade el de los bajos precios en origen y la crisis sanitaria.

Granada 24-03-2020. ASAJA GRANADA lamenta que la gran bajada de precio que está experimentando el petróleo no se relacione en la misma proporción ni al mismo ritmo con la bajada en el precio final de los productos derivados, especialmente el gasóleo B para uso agrícola, que sigue estando a una media de 0,745 euros/litros en nuestra provincia, en algunas gasolineras incluso a 0,95 euros/litro, como en los momentos de mayor alza cuando el Brent estaba a 71,32 euros el barril, hace justo un año. Mientras el Brent ha bajado más de un 42,27% el precio del gasóleo B ha bajado un 21,79%.

Es inconcebible que el precio del petróleo y los carburantes descienda de un modo tan desigual, cuestión que venimos denunciando desde hace tiempo, pero la situación se ve agravada por la endémica crisis de los precios en origen y la sobrevenida crisis sanitaria por el COVID-19, en la que los agricultores y ganaderos están dando lo máximo para seguir abasteciendo de alimentos a la población.

Esperamos del Gobierno que demuestre también su compromiso con el sector agrario y vigile y controle los precios del gasóleo B, así como de fertilizantes, plaguicidas, fungicidas y otros insumos que el campo necesita para su funcionamiento normal, no permitiendo comportamientos desequilibrantes que favorezcan solo los intereses de las compañías petroleras, y que adopte, asimismo, medidas fiscales como la aplicación de un tipo cero del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), la deducción del 35% IRPF en la factura del gasóleo y la rebaja del IVA al tipo reducido permitido por la normativa europea.

Ante las cuestiones frecuentes planteadas por el sector agrícola, ganadero y pesquero, tras la declaración del estado de alarma. Las principales dudas se refieren a aspectos tales como la apertura del comercio detallista de venta de insumos para la agricultura, la ganadería y la pesca, así como a la suspensión de plazos en los procedimientos administrativos.

El Real Decreto 463/2020, así como su modificación publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación ocasionada por el COVID-19, establece que las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento alimentario.

La producción agrícola, ganadera y acuícola, así como la actividad pesquera, la transformación de productos agrarios y pesqueros, los centros o clínicas veterinarias, el transporte y la distribución de alimentos, así como su comercialización a través de la venta minorista al consumidor, forman la cadena de abastecimiento alimentario cuya actividad debe garantizarse en la situación de estado de alarma. Esto implica que debe mantenerse no solo la actividad de las empresas agroalimentarias en su conjunto, incluidas las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y la actividad pesquera, sino también la de las empresas que, a su vez, les suministran los insumos necesarios para su funcionamiento.

En el caso de agricultores, ganaderos, acuicultores y pescadores deben poder seguir realizando las labores necesarias para garantizar el mantenimiento de actividad.

En todo caso, para prevenir y contener la expansión del virus, las labores cuya realización no sea imprescindible llevar a cabo durante la duración del período del estado de alarma, deben limitarse o suspenderse, como por ejemplo, labores accesorias de mantenimiento.

Durante estos días, se han recibido numerosas dudas o peticiones de aclaración en relación con la aplicación del estado de alarma en el sector agrario y pesquero, las cuales se pueden agrupar en los siguientes apartados.

1. Apertura del comercio detallista de venta de insumos para la agricultura, la ganadería y la pesca

La actividad agrícola, ganadera, acuícola o pesquera precisa del empleo de insumos para su correcto desempeño, como son la utilización de fertilizantes, productos fitosanitarios, semillas y plantones, productos veterinarios, piensos, sal, hielo, pertrechos, etcétera. Para ello, la actividad del comercio detallista que suministra este tipo de insumos tiene continuidad, ya que son actividades imprescindibles para asegurar la producción primaria y, con ello, el suministro alimentario a la ciudadanía. En ocasiones, este comercio detallista lo prestan las propias cooperativas agrarias, cofradías de pescadores, lonjas o puertos que deberá poder seguir prestando este servicio. También en ocasiones, estos productos se venden en establecimientos que comercializan otro tipo de productos. En este caso, la actividad se limitará a la necesaria para la venta de insumos a los agricultores, ganaderos, acuicultores y pescadores.

2. Suspensión de plazos en los procedimientos administrativos vinculados a la Política Agraria Común (PAC) y al sector pesquero

Con carácter general, la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, supone la interrupción de todos los plazos para la tramitación de procedimientos administrativos vinculados a la Política Agraria Común (PAC) y al sector pesquero.

En este contexto, el incumplimiento de plazos por causas no imputables a los interesados, podrá ser considerado como causa de fuerza mayor.

2.1. En el caso concreto de los procedimientos vinculados a la Política Agraria Común (PAC), en lo que se refiere a las ayudas directas que reciben agricultores y ganaderos, cuyo plazo de solicitud comprende desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación valora la decisión de la Comisión Europea de prorrogar el plazo de solicitud hasta el 15 de junio. La Comisión ha confirmado a España que en breve se iniciará la tramitación de un Reglamento de Ejecución para llevar a cabo esta extensión. En todo caso, en colaboración con las comunidades autónomas, se facilitará la presentación telemática de las solicitudes de ayuda para que puedan seguir registrándose, mientras dure el estado de alarma, el máximo número de solicitudes a través de medios telemáticos.

Para el conjunto de regímenes de ayuda y procedimientos administrativos vinculados a la aplicación de la PAC en España, se procederá a su revisión para facilitar el cumplimiento de los compromisos de todos los beneficiarios que se vean afectados por la aplicación del estado de alarma, al tener este estado excepcional la consideración de causa de fuerza mayor y solicitará a la Comisión Europea los cambios normativos de urgencia que sean necesarios.

2.2. En relación con los plazos relativos a expedientes sancionadores en el ámbito del sector pesquero, en el caso de infracciones respecto de las cuales no se haya iniciado expediente, quedan suspendidos los plazos de prescripción de las infracciones, si bien se pueden adoptar medidas provisionales.

En el caso de expedientes iniciados, se suspende la tramitación de los mismos, así como los plazos de caducidad y para la realización de cualquier tipo de trámite, salvo en lo relativo a aquellas medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias que se puedan adoptar a efectos de evitar perjuicios graves en los derechos e intereses de los interesados, siempre con la conformidad de los mismos.

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA)

Granada 18-03-2020. Desde la organización agraria ASAJA hemos trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se considere la actividad agraria como prioritaria dentro de las medidas y planes que se desarrollen desde ese ministerio en colaboración con otras administraciones, nacionales y autonómicas, y que se ponga en valor la labor de los agricultores y ganaderos a semejanza con lo que se ha hecho con otros colectivos.

ASAJA GRANADA constata que a diario muchos agricultores y ganaderos se están encontrando con algunos problemas de desplazamiento cuando se trata de ir a almacenes que suministran las materias primas como abonos, semillas o productos fitosanitarios y, asimismo, para las labores indispensables de mantenimiento de las explotaciones, ya que las Fuerzas de Orden Público están solicitando acreditaciones de la condición de trabajador del campo o agricultor, a pesar de que la normativa de declaración del estado de alarma no lo exige específicamente. Otros profesionales relacionados como veterinarios, servicios de mantenimiento, suministros de piensos, fitosanitarios o semillas tampoco tienen claro cómo proceder.

Por esta razón solicitamos que se busquen fórmulas para garantizar el funcionamiento y coordinación de los distintos agentes que desarrollan su actividad en explotaciones agrarias y ganaderas para garantizar el abastecimiento de alimentos a la sociedad española y trasladamos algunas recomendaciones para la mayor tranquilidad de los afectados. Así, para acreditar la condición de trabajador puede llevarse una nómina, un certificado de vida laboral o de empresa y para acreditar ser agricultores, una declaración de la PAC de 2019 o 2020, carné de aplicador de fitosanitarios, certificado de vida laboral o recibo de pago del IBI rústico.

Otras cuestiones que preocupan son el previsible cierre de fronteras que pondrían en serio peligro la exportación de productos perecederos, así como la importación de insumos para la agricultura y piensos para la ganadería, que deben ser considerados de primera necesidad. A este respecto, solicitamos que se prevean mecanismos de garantía de precios o rentas para aquellas producciones que se vieran afectadas (frutas y hortalizas, vino y aceite de oliva, entre otros posibles).

Consideramos también urgente estudiar la evolución de los mercados y valorar el impacto que tendrá en el sector la declaración del estado de alarma para, en función de los resultados, valorar las medidas que hay que poner en marcha para amortiguar los efectos negativos que sobre el sector tendrá esta situación: aplazamiento de préstamos sin pago de intereses, ni amortización, exenciones IBI rústico, IRPF, Seguridad Social, aplicación de un IVA reducido… Igualmente entendemos que deberían contemplarse la ampliación automática de plazos del seguro, y de no ser así ampliar todas las fechas establecidas en cuanto a seguros agrarios los quince días que dura el estado de alarma inicialmente.

Aplazamiento de la PAC

La decisión de la Comisión Europea de ampliar hasta el 15 de junio el plazo de presentación de las solicitudes para las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a causa de la gestión de la crisis sanitaria es una petición cumplida y asegura cierta tranquilidad al sector en su tramitación ante las dificultades por la restricción de movimiento de personas. Cabe ahora esperar que los pagos del anticipo de la PAC no se retrasen y los agricultores y ganaderos puedan recibirlos como siempre a partir del 15 de octubre.

ASAJA GRANADA aclara que las actividades agrícolas y ganaderas continúan y hace un llamamiento a los agricultores y ganaderos para que sigan las recomendaciones y limitaciones dictadas por el Gobierno tras la declaración del estado de alarma mediante el RD 463/2020, especialmente en los desplazamientos a lugares de trabajo y en el caso de la higiene personal para evitar contagios.

Granada 17-03-2020. El RD 463/2020 por el que se ha declarado el estado de alarma por el COVID-19 no recoge una alusión expresa al trabajo en explotaciones agrícolas y ganaderas, aunque sí lo hace implícitamente en el artículo 15 al prescribir medidas para garantizar el abastecimiento alimentario de los ciudadanos al formar la actividad agrícola y ganadera y las actividades relacionadas parte de la cadena alimentaria que hay que garantizar. Tampoco el Real Decreto suspende expresamente la apertura de la actividad agraria en ningún artículo ni anexo. Es decir, las actividades del sector agrario continúan para poder seguir desempeñando su fundamental papel con total responsabilidad.

Desde ASAJA GRANADA se hace, por ello, un llamamiento para aclarar algunas de las recomendaciones y limitaciones que agricultores y ganaderos deben seguir, especialmente en los desplazamientos a lugares de trabajo y en el caso de la higiene personal para evitar contagios.

El RD 463/2020 establece que las personas podrán circular por la vía pública por “desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial”, según el artículo 7 c), salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada, según artículo 7 h). Después de las consultas realizadas, las instrucciones de la Guardia Civil son que pueden ir dos personas por coche, una delante y otra detrás. Asimismo, es recomendable facilitar a cada trabajador un certificado de actividad. Es muy importante extremar la higiene personal (lavado frecuente de manos), de los equipos de trabajo y transporte, y del correcto uso de los Equipos de Protección Individual (EPIs).

Por último, ASAJA GRANADA informa que sus oficinas de Granada, Baza, Guadix y Loja permanecerán cerradas y que durante este tiempo se está atendiendo al asociado por vía telefónica y correo electrónico.

ASAJA presentó, en la Jornada “ANÁLISIS DEL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA Y GESTIÓN DEL OLIVAR. SITUACIÓN Y POSIBLES SOLUCIONES” celebrada el viernes 6 de marzo, los resultados del Grupo Operativo de Agricultura de Precisión con Drones Aplicado al Olivar, que durante dos años ha trabajado en fincas de Jaén, Almería, Córdoba, Málaga y Granada. Sus conclusiones servirán para hacer más eficaz, eficiente y respetuoso con el medio ambiente el cultivo del olivar, mejorar los resultados económicos de las explotaciones y facilitar su reestructuración y modernización. Este proyecto ha sido financiado por la Medida 16 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía2014-2020, incluido en las Ayudas al Funcionamiento de los Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas en el sector del olivar.

Granada 09-03-2020. Acercar la más moderna tecnología a la olivicultura a través del uso de drones ha sido el planteamiento con el que ha trabajado, durante dos años, el Grupo Operativo de Agricultura de Precisión con Drones Aplicado al Olivar, en el que junto a la organización agraria ASAJA JAÉN, coordinadora del grupo, han participado la Fundación Andaluza de Desarrollo Aeroespacial (FADA); el Ifapa, el laboratorio Olivarum de la Fundación Caja Rural, y la Universidad de Jaén, con la colaboración de las ASAJAS de Granada, Almería, Córdoba y Málaga. El objetivo de este proyecto, según explicó José Ramón Gómez, técnico de ASAJA JAÉN es “determinar si los drones son capaces de detectar parámetros como condiciones de humedad, erosión, plagas etc. en comparación con las muestras tomadas en tierra en las propias explotaciones” y sus conclusiones servirán para hacer más eficaz, eficiente y respetuoso con el medio ambiente el cultivo del olivar, mejorar los resultados económicos de las explotaciones y facilitar su reestructuración y modernización.

El trabajo ha consistido en la realización de vuelos en distintos periodos para estudiar los estados fenológicos del cultivo, así como de maduración de las aceitunas en las fincas de olivos seleccionadas y, al mismo tiempo, se han tomado muestras de hojas, aceituna, suelos, humedad y temperatura para ser analizados posteriormente en laboratorio y compararlos con los datos obtenidos con los drones. Según explicaron los diferentes especialistas que participaron en la Jornada, José Ramón Gómez, técnico de ASAJA JAÉN; Anastasio Sánchez, responsable del Centro Atlas de FADA; Juana Nieto, responsable de Agronomía del Laboratorio Olivarum; Gabriel Beltrán, investigador titular del IFAPA y Diego Martínez, profesor del Dpto. de Ingeniería Electrónica y Automática de la UJA, ha sido necesaria la aplicación de ciertas técnicas del campo de la teledetección para extraer información útil de las imágenes obtenidas. Una vez que se obtuvo el mapa de reflectancia de cada una de las imágenes se aplicaron diferentes algoritmos de segmentación de imagen para obtener información de reflectancia de cada una de las plantas y para los diferentes canales (vector de reflectancias). Con estos vectores y los datos de laboratorio se calibrarán y validarán diferentes algoritmos de predicción de los parámetros de interés que han sido objeto de análisis.

Los resultados obtenidos en esta fase de estudio han sido: 1) el diseño y implementación de una metodología software basada en Python para el análisis de fincas a partir de imágenes multiespectrales obtenidas tras un vuelo de dron; 2) el desarrollo de una aplicación que permite procesar imágenes multiespectrales y obtener el índice NVDI asociado a la vegetación de la finca; 3) se ha entrenado una Red Neuronal basada en inteligencia artificial para predicción de nutrientes visualizando los resultados de mapas de color; 4) la precisión de los modelos entrenados es próxima al 80% del rango de valores y se puede ganar en precisión aumentando el conjunto de datos de entrenamiento de cada finca.

El Grupo Operativo de Agricultura de Precisión con Drones Aplicado al Olivar coordinado por Asaja Jaén y participado por el centro Atlas, el Ifapa, el laboratorio Olivarum, la Universidad de Jaén y las Asajas de Granada, Almería, Málaga y Córdoba, ha trabajado durante los dos últimos años en acercar la más moderna tecnología a la olivicultura a través del uso de drones con el fin de rentabilizar las explotaciones de olivar. Los primeros resultados de esta labor se darán a conocer en la Jornada “ANÁLISIS DEL ACEITE DE OLIVA Y GESTIÓN DEL OLIVAR. SITUACIÓN Y POSIBLES SOLUCIONES.” organizada por ASAJA GRANADA con la colaboración de MAEVA, la CÁMARA DE COMERCIO, CAJAMAR y DCOOP. En esta primera parte intervendrán: Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja Jaén; Anastasio Sánchez, responsable del Centro Atlas de la Fundación Andaluza de Desarrollo Aeroespacial; Juana Nieto, responsable de Agronomía del Laboratorio Olivarum-Fundación Caja Rural; Gabriel Beltrán, investigador titular del IFAPA y Diego Martínez, profesor del Dpto. de Ingeniería Electrónica y Automática de la Universidad de Jaén.

El programa se completará con una mesa redonda que va a reunir a expertos del sector privado e institucional para analizar las posibles soluciones a la crisis del mercado del aceite de oliva, que se enfrenta no solo con la inestabilidad de los precios y aumento de los costes, sino también a problemas de comercialización, competitividad e internacionalización. En esta mesa participarán: la directora general de Industria y Cadena Alimentaria de la Junta de Andalucía, Cristina de Toro Navero; el presidente de DCOOP, Antonio Luque Luque; el director general de Maeva, Luis Torres Morente, y el director de Innovación Agroalimentaria de CajaMar, Roberto García Torrente.

La inauguración de la Jornada estará a cargo del secretario general de Agricultura de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez García de Prado, y la bienvenida y presentación a cargo del presidente de la Cámara de Comercio, Gerardo Cuerva Valdivia; del presidente de ASAJA GRANADA, José Hita Castro, y del director territorial Sur y Extremadura de CajaMar, Francisco Martínez Ibáñez.

ASAJA GRANADA organiza, con la colaboración de Maeva, Cámara de Comercio de Granada, CajaMar, y Dcoop, el próximo viernes 6 de marzo, la JORNADA “ANÁLISIS DEL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA Y GESTIÓN DEL OLIVAR. SITUACIÓN Y POSIBLES SOLUCIONES” en la que varios expertos reflexionarán sobre los grandes y variados retos a los que el sector oleícola se enfrenta hoy, con diversas propuestas para superar sus debilidades y amenazas más acuciantes. La aplicación de las nuevas tecnologías para la mejora de la rentabilidad será uno de los factores que habrá que tener en cuenta, junto con otros objetivos y estrategias como la concentración y diferenciación de la oferta, el cuidado de la calidad, la internacionalización y la profesionalización, para articular y orientar un futuro más prometedor. Sobre los poderes públicos recaerá también una parte importante de la responsabilidad en el fortalecimiento de las estructuras comerciales y el desarrollo territorial.

Granada 03-03-2020. El sector del olivar español se enfrenta hoy a importantes y variados retos para seguir manteniendo el liderazgo de la producción mundial en los próximos años. La JORNADA “ANÁLISIS DEL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA Y GESTIÓN DEL OLIVAR. SITUACIÓN Y POSIBLES SOLUCIONES” que organiza ASAJA GRANADA, con la colaboración de MAEVA, la CÁMARA DE COMERCIO de GRANADA, CAJAMAR y DCOOP, tratará de identificar, de la mano de expertos del sector privado e institucional, las debilidades y amenazas más acuciantes que se deben superar, así como determinar los factores que articularán y orientarán un plan de acción combinado para obtener mayor competitividad en las explotaciones y empresas oleícolas, generar riqueza y bienestar social en el territorio y lograr una mayor presencia en los mercados.

Drones y Olivar Acercar la más moderna tecnología a la olivicultura a través del uso de drones para la mejora de la rentabilidad de las explotaciones ha sido el objetivo del Grupo Operativo de Agricultura de Precisión con Drones Aplicado al Olivar, coordinado por Asaja Jaén, con la colaboración de las Asajas de Granada, Córdoba, Málaga y Almería, y el IFAPA, y la participación de la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA), la Universidad de Jaén y la Fundación Caja Rural a través de su laboratorio Olivarum. En esta Jornada se ofrecerán los primeros resultados del trabajo realizado por este Grupo Operativo durante los dos últimos años comparando datos obtenidos en fincas de olivar de Jaén, Córdoba, Almería, Granada y Málaga con el vuelo de drones equipados con cámaras multiespectrales comparándolos con datos obtenidos mediante análisis de campo (recogida de muestras de suelo, hojas y aceitunas) analizando entre otros parámetros, el estado de maduración de la aceituna, el grado de humedad del suelo o la aparición de plagas.

La modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria por parte del Gobierno será de difícil cumplimiento y entre el resto de medidas aprobadas solo es positiva la mejora en la tributación de los jóvenes agricultores que reciben ayudas a la primera instalación. Nada se ha avanzado respecto al control de las importaciones de productos de países terceros, los mecanismos de regulación a través de la gestión de crisis de la PAC, cambios en el IVA a los ganaderos y agricultores, reducción de las tarifas eléctricas, el etiquetado, inversión en modernización o mayor dotación de los seguros agrarios.

Granada 27-02-2020. La modificación de la Ley 12/2013 de Mejora de Funcionamiento de la Cadena Alimentaria a través de un Real Decreto Ley y el resto de medidas aprobadas por parte del Gobierno como respuesta ante las protestas del sector son inútiles para paliar la crisis del campo. La referenciación de los precios de los contratos alimentarios a los costes de producción, las actividades promocionales para evitar la banalización de los productos o la prohibición de venta a pérdidas serán de difícil cumplimiento si no se acompañan de una definición más clara de las prácticas desleales, controles o multas disuasorias que garanticen que al final no se abuse del eslabón más débil y se evite la posición de dominio de la distribución y la industria. Tampoco servirá de nada esta reforma si los acuerdos de importación de productos de países terceros que provocan una gravísima competencia desleal con nuestros productos no se revisan para exigir las mismas reglas del juego en cuanto a estándares de calidad y seguridad alimentaria y cómo mínimo se garantice el cumplimiento de los contingentes de importación actuales.

Con respecto al resto de medidas aprobadas, como la reducción de 35 a 20 del número de jornadas cotizadas para acceder al subsidio por desempleo supondrá más dificultad para contratar, unido a la subida del salario mínimo interprofesional. Y menos sentido tiene todavía la conversión de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en indefinidos o contratos fijos discontinuos puesto que, por definición, en el campo se trabaja por campañas y el empleo es de temporada. No se podrá hacer. Solo es positivo el cambio en la ley del IRPF para mejorar la tributación de los jóvenes agricultores, ya que permitirá imputar en cuatro años los importes de las ayudas a primera instalación en los programas de desarrollo rural de forma que no se concentren en el año en que se reciben. Por lo demás, se quedan en el tintero cuestiones como los cambios en el IVA a los ganaderos y agricultores; la obligatoriedad de marcar el origen del producto en el etiquetado; la reducción de las tarifas eléctricas; la inversión en modernización o la mayor dotación de los seguros agrarios, ahora más un artículo de lujo que una herramienta de trabajo para agricultores y ganaderos.

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA, junto a Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, ECOHAL e INFAOLIVA, han calificado de éxito absoluto la manifestación histórica del sector agrario secundada hoy en Granada por más de 20.000 agricultores, ganaderos, cooperativas y personas llegadas de toda la provincia. Las organizaciones han agradecido a la sociedad que se haya volcado con esta contundente movilización que ha reclamado precios justos y medidas estructuras que apoyen el futuro de los productores. Igualmente han agradecido a las fuerzas de seguridad el dispositivo que ha facilitado la movilidad de los 800 tractores y vehículos agrarios que han participado en la movilización, además de los 300 autobuses llegados desde todas las comarcas de la provincia.

La participación en la movilización ha sido masiva llegando a paralizarse pueblos enteros para acudir a la protesta. A las once de la mañana, la gran manifestación y tractorada comenzaba en la calle Joaquina Eguaras, frente a la Delegación de Agricultura, donde las organizaciones han denunciado la situación crítica del sector debido a los precios ruinosos que perciben agricultores y ganaderos por sus productos.

“Esta gran unión del campo demuestra la fuerza que tenemos y la crisis que estamos atravesando. Las Administraciones deben escucharnos y defender el futuro de nuestro sector. Pedimos medidas estructurales urgentes para frenar esta situación de agonía que sufren la agricultura y la ganadería” han destacado los representantes. Manuel del Pino, secretario provincial de ASAJA; Miguel Monferrer, secretario provincial de COAG; Nicolás Chica, secretario provincial de UPA; Fulgencio Torres, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada; Alfonso Zamora, gerente de ECOHAL y Enrique Delgado, gerente de Infaoliva, han encabezado la movilización por las calles más céntricas de la capital con el lema “Granada, precios justos para nuestros agricultores y ganaderos”.